El plazo para las y los constituyentes, de nueve meses con una sola prórroga de tres meses, puede ser insuficiente si hay una grave crisis sanitaria de por medio.
Es muy probable que el cambio de fecha para las elecciones programadas para este fin de semana se refleje en otros aspectos de la vida nacional. La pandemia ha generado contingencias inesperadas e inevitables en distintos ámbitos, incluyendo el calendario político. Si la crisis sanitaria se mantiene en un escenario similar al actual, lo más seguro es que sea necesario alterar la programación para los trabajos de la Convención Constituyente, que tendrá como misión redactar una nueva Constitución.
Ocurre que la Convención tiene plazo de trabajo bien definido. La normativa vigente establece que las y los constituyentes tienen un plazo de nueve meses para redactar y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución. Se permite una prórroga de tres meses adicionales, por una sola vez. “Una vez redactada y aprobada la propuesta de texto de Nueva Constitución por la Convención, o vencido el plazo o su prórroga, la Convención se disolverá de pleno derecho”, dice el artículo 137 de la Constitución. Es decir, por la actual normativa, el organismo tiene fecha de caducidad, y debería comenzar a operar en junio de 2021 y cerrar sus trabajos en mayo de 2022. Agosto del próximo año sería el plazo final para el Plebiscito ratificatorio, en que la ciudadanía decidirá si aprueba la Constitución redactada por la Convención Constituyente.
El reglamento de la Convención, con sus respectivos plazos, fue elaborado con base en una realidad previa a la pandemia. Las elecciones de 10 y 11 de abril fueron postergadas por 5 semanas, por ende, se retrasa también el inicio de los trabajos de constituyentes. Sin embargo, si la curva de contagios sigue en alza, el cambio de fecha habrá sido poco más que una malograda tentativa de mejorar la situación. Y el calendario seguirá corriendo para la Convención mientras la crisis sanitaria sigue en escalada.
Los doce meses pueden convertirse en un plazo demasiado exiguo para abordar materias de gran magnitud, en áreas como salud, medio ambiente, educación, viviendas, pueblos originarios, políticas de género y muchas más. Quizás sea temprano para plantearlo, pero no está demás anticipar escenarios ante situaciones imponderables que son generadas por una pandemia que tiene a todo el planeta en una situación de anormalidad. Los plazos para las y los constituyentes pueden ser insuficientes si hay una grave crisis sanitaria de por medio.