Las disputas de poder con las comunidades educativas no contribuyen a crear y fortalecer los vínculos existentes entre todos los actores involucrados: profesores, apoderados, autoridades, directivos y estudiantes.
Volver o no volver a clases presenciales en colegios y liceos se ha convertido en una nueva polémica nacional. También ocurrió el año pasado, cuando el ministro de Educación, Raúl Figueroa, barajó la posibilidad de un regreso al final de abril. La pandemia recién cumplía un mes en Chile, y la propuesta del titular de Educación recibió amplio rechazo y fue logo desechada.
Hace pocos días, el ministro informó al país que el año escolar en Chile se inicia el 1 de marzo, y la expectativa del gobierno es que gradualmente se inicien las clases presenciales en las comunas que están en Fase 2 del plan Paso a Paso. Se diseñó un protocolo que incluye cantidad máxima de estudiantes por sala, distancia entre ellos de un metro, jornadas diferenciadas y recreos diferidos, entre otras medidas que deberán ser implementadas, de acuerdo con los planes de funcionamiento de cada establecimiento educacional.
La forma de comunicar los planes del gobierno, sin embargo, otra vez inflamaron el debate. Mensajes enviados a través de medios de comunicación y redes sociales profundizaron un conflicto evitable. Más todavía cuando un ministro de Estado, Lucas Palacios, salga en los medios afirmando que había docentes que parecían buscar “argumentos para no trabajar”. Nadie en sano juicio podría ignorar el esfuerzo que necesario en 2020 para adaptar las aulas presenciales a formatos de teleducación. La educación a distancia obligó a los docentes a un esfuerzo adicional, al contrario de lo que sugiere el ministro de Economía.
En medio al ruido, es fácil perder de vista lo fundamental: el proceso formativo de niñas, niños y jóvenes. El confinamiento de los estudiantes en sus casas tiene efectos negativos, y el regreso a clases presenciales sin las condiciones adecuadas, también.
Por ello se hace más que necesario el diálogo con la comunidad educativa. El regreso a clases, en la modalidad a distancia o presencial, estará condicionada con la realidad de cada territorio y comunidad educativa, que incluye profesores, apoderados, autoridades, directivos y los estudiantes. La disputa de poder con las comunidades educativas no contribuye a crear y fortalecer los vínculos existentes entre todos los actores involucrados, quienes, al fin y al cabo, tienen la última palabra sobre el regreso al año escolar.