Editorial

La violencia de las palabras

Frente al problema de una sociedad que históricamente ha normalizado la violencia hacia la mujer, todas las personas y especialmente quienes ejercen un cargo público, deben asumir la responsabilidad de sus declaraciones.

Por: Editorial Diario Concepción 12 de Febrero 2021
Fotografía: Contexto

Desastrosas e impresentables. Son algunos de los calificativos que definen las declaraciones de un concejal lotino intentando defender a su hijo, detenido y acusado de violación.

“Tenía cuerpo de mujer” fue parte de las palabras con las que pretendió justificar la acción de su hijo, argumentando que hubo consentimiento de ambas partes. Olvidó mencionar que, en realidad, el acusado tiene 33 años, en tanto la víctima es una niña de solo 12. Las declaraciones fueron tan desproporcionadas que generaron un escándalo político y recibieron el rechazo transversal de la ciudadanía; pero, sobre todo, colocó en duda el sentido común y las normas que regulan la sociedad.

Puede plantear que habla desde los sentimientos del padre, pero la situación es más grave si se considera que este ostenta un cargo público que lo obliga a medir con prudencia sus opiniones y trabajar por contribuir a la erradicación de la violencia hacia la mujer. Por el contrario, al defender lo indefendible, el concejal ha puesto a la víctima en una posición de responsabilidad, para la que no tiene las herramientas de madurez cognitivas, sentimentales ni psicológicas. A partir de sus declaraciones, la autoridad desconoce completamente el daño profundo causado en el desarrollo de una niña de 12 años.

La violencia física muchas veces se encuentra ampliada en la violencia verbal. El hecho ocurrido muestra cómo las palabras, argumentos e ideas generan un gran daño y ello se agrava sobremanera cuando se trata de traspasar la responsabilidad y la culpa a una niña por situaciones de abuso.

Al 8 de febrero de 2021, en Chile se registran 3 femicidios consumados y 14 femicidios frustrados, datos del Sernameg. Esa es la realidad cruda, sin medias tintas. Normalizar la violencia, como se desprende de las impresentables declaraciones de la autoridad, hace imposible que este grave flagelo sea enfrentado por toda la sociedad como corresponde. Quienes detentan algún grado de poder están obligados a contribuir en este proceso a fin de evitar seguir lamentando las altas cifras de violencia contra las mujeres en el país; estadísticas oficiales que señalan que al menos una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual.

Frente al problema de una sociedad que históricamente ha normalizado la violencia hacia la mujer, todas las personas y especialmente quienes ejercen un cargo público, deben asumir la responsabilidad de sus declaraciones, en tanto que tienen la obligación de velar por la protección de la víctima y no culparla como ha hecho el concejal.

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