Si bien el anuncio entrega algo de confianza respecto a plazos y procesos, también ha creado grandes expectativas para una tecnología que no debería comenzar a operar en Chile antes del inicio 2022.
El 17 de agosto, el Presidente Sebastián Piñera anunció los primeros pasos para el ingreso de Chile al mundo de las tecnologías de última generación en telecomunicaciones. “5G Para Chile significa entrar al mundo digital de 5a generación, al Internet de las cosas, mejor calidad de vida de las personas y un gran aumento de la productividad del país”, dijo el Mandatario en su cuenta de Twitter.
El aviso del Gobierno era largamente esperado, dado el impacto que tendrá la tecnología 5G en todos los sectores de la economía. Y si bien entrega algo de confianza respecto a plazos y procesos, también ha creado grandes expectativas para una tecnología que no debería comenzar a operar en Chile antes del inicio 2022.
De hecho, ya hubo alteraciones de calendario, postergando para noviembre el cierre del plazo para la entrega de propuestas por parte de las empresas interesadas. En realidad, todavía no hay claridad sobre las empresas que explotarán ese mercado, tampoco en materia de infraestructura, cobertura y modelos de negocios.
En términos simples, la 5G es la quinta generación de la tecnología de datos por celular, y se caracteriza por ser una tecnología inalámbrica de alta velocidad, gran capacidad y bajo tiempo de respuesta de la red. Se afirma que el 5G multiplicará por diez la velocidad promedio con que navega un usuario en Internet en sus dispositivo, mientras que tendrá 100 veces más capacidad para conectar otros equipos en comparación con las actuales redes 4G. Además, el 5G permitiría la interacción entre distintos dispositivos, permitiendo que dialoguen entre ellos, impulsando así el despegue del Internet de las Cosas en Chile.
En el multimillonario negocio que se transformará la implementación de esa tecnología en Chile, es fundamental que la autoridad establezca los parámetros para que actúen los actores interesados. Que las concesiones se asignen a las firmas que ofrezcan las mejores condiciones técnicas para una óptima transmisión y excelencia de servicio a los usuarios. Las compañías que se adjudiquen los contratos deberán entregar garantías de conectar todas las capitales regionales, provinciales, instituciones públicas, red hospitalaria, servicios esenciales. Y también que haya compromiso con las zonas rurales, alejadas de los centros urbanos que suelen ser más atractivos para las empresas de telecomunicación.