Editorial

Desconectados del Chile real

La aprobación del recorte de dietas fue bien recibida por la ciudadanía, y se espera que ocurra lo mismo con el proyecto de ley que busca limitar las reelecciones para cargos públicos.

Por: Editorial Diario Concepción 27 de Mayo 2020
Fotografía: Agencia UNO

Tras seis años tramitando en el Congreso, finalmente fue promulgada la reforma constitucional que rebaja la dieta parlamentaria y los sueldos a otras autoridades, como ministros, subsecretarios e incluso el Presidente de la República. La aprobación de la normativa implicó un intenso debate sobre la dieta parlamentaria, que es como se denomina al sueldo que reciben los congresistas.

Sin embargo, todavía no hay definiciones sobre el monto de la rebaja: algunos parlamentarios proponen un 50%, mientras que otros defienden un recorte menor. La definición queda ahora en manos del del Consejo de la Alta Dirección Pública (ADP), que tendrá 30 días para decidir. La ADP tendrá además la atribución de, en 90 días, fijar el nuevo sueldo de las otras autoridades contempladas en la ley, como ministros, subsecretarios, gobernadores regionales y otros.

Si bien no hay claridad sobre el monto de la rebaja en los sueldos, y tampoco sobre la duración en el tiempo del sueldo con la rebaja, la promulgación de la ley envía una potente señal para el país. La remuneración de los parlamentarios equivale a más de 33 sueldos mínimos, ubicando a los legisladores chilenos como los mejor pagados entre los países de la Ocde, según se ha informado en los medios. Con los negativos efectos económicos de la pandemia en todos los niveles, se intensificaron las críticas sobre los gastos del Estado en todos los niveles.

La promulgación del recorte de dietas fue bien recibida por la ciudadanía, y se espera que ocurra lo mismo con el proyecto de ley que busca limitar las reelecciones para cargos públicos, como parlamentarios, consejeros regionales, alcaldes y concejales. La alternancia en el poder le hace bien a la democracia. La perpetuidad en los cargos genera ineficiencia, no renueva la política y mantiene el clientelismo al entregar incentivos en la designación de cargos públicos en los territorios de las autoridades, entre muchas otras razones.

Desde el 18 de octubre del año pasado, la ciudadanía ha demostrado que exige cambios en materia política, económica, social, educacional, de salud y ambiental. No aprobar lo que todo Chile ha expresado en forma contundente confirmará la tesis de que una parte de los parlamentarios sigue desconectada de la ciudadanía. Desconectados del Chile real.

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