No tiene sentido pretender una sociedad más justa e inclusiva si no hacemos parte a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Un reportaje publicado ayer por Diario Concepción trajo otra vez al debate los infames episodios ocurridos al interior de residencias para menores. Los casos de maltratos y abusos se repiten año tras año, mientras una ley de infancia duerme en el Parlamento hace casi dos décadas. Niñas y niños vulnerados no son prioridad para los legisladores.
Sobran las evidencias, los testimonios, los informes que en Chile se viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. El año pasado, se conoció un informe sobre investigación iniciada en 2017 por la PDI, en 240 de los 241 hogares de menores existentes en nuestro país y que da cuenta de los cerca de 6.500 niños y niñas que el Sename acoge en el sistema de residencias. El documento es lapidario: se constataron 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños y niñas, que se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. Todos estos hechos ocurridos solamente en el año 2017.
En un informe anterior, tras inspeccionar hogares para menores en Chile, la ONU ratificó las violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y apuntó a la responsabilidad del Estado en los centros de administración directa, como también en los hogares colaboradores del Sename. La ONU concluye que hemos fallado en aspectos como no discriminación, el derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo, la no separación de la familia, la educación, la protección contra la violencia y contra la explotación y abusos sexuales.
Todos los informes, denuncias e investigaciones en la Fiscalía no han logrado impulsar el análisis y discusión en el Parlamento de un nuevo servicio de protección especializado, que efectivamente pueda resolver los nudos críticos de estos problemas, introduciendo innovaciones programáticas, modificando las prácticas de trabajo y la forma de financiamiento. Es urgente establecer algo significativamente distinto a lo que opera hoy. No tiene sentido pretender una sociedad más justa e inclusiva si no hacemos parte a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Sin hacerlo, jamás seremos una sociedad más justa e inclusiva.