La informalidad, en realidad, enmascara situaciones de trabajo con altos grados de precariedad y lleva a Chile más cerca a la realidad de países emergentes que a la de naciones desarrolladas.
De cada diez personas que ejercen una actividad remunerada, tres están en la informalidad. Se entiende por ocupado informal los trabajadores que no tienen acceso a salud ni previsión social por concepto del vínculo laboral con un empleador. A esa categoría pertenecen también los familiares no remunerados, que por consenso internacional son informales, y a los empleadores y trabajadores por cuenta propia, dueños de unidades económicas informales. Es decir, que no tienen registro en el Servicio de Impuestos Internos, ni un sistema contable que les permita separar los gastos del negocio de los del hogar.
La informalidad laboral saltó al debate esta semana – como suele ocurrir- al conocerse las mediciones entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En cifras duras, la tasa de ocupación informal del trimestre octubre-diciembre de 2019 alcanzó 29,7% en Bío Bío, exhibiendo un incremento interanual de 1,4 puntos porcentuales. El informe del INE registra, además, la diferencia de informales entre hombres (27,9) y mujeres (32,1).
La real situación del empleo en Chile sigue siendo un asunto opinable. Las estadísticas de grandes cifras suelen ser blanco de críticas respecto a las metodologías utilizadas. Si una persona es desvinculada de su empleo y sale a vender productos en la calle, la tasa no cambia porque ella sigue trabajando al menos una hora a la semana y recibe ingresos por su actividad. La informalidad, en realidad, enmascara situaciones de trabajo con altos grados de precariedad y el empleo informal se convierte en un problema para la salud pública, y lleva a Chile mucho más cerca a la realidad de los países emergentes que a la de naciones desarrolladas.
Es por ello que cobra relevancia la urgencia en establecer políticas públicas que generen incentivos para la formalización laboral. Por ejemplo, facilitando los trámites de la creación de un negocio, de manera que sea menos costoso, y también en facilidades para micro empresas. Una legislación laboral extremadamente rígida y un sistema tributario sólo comprensible por técnicos-especialistas, son incentivos a la informalidad.
Que prácticamente uno de cada tres trabajadores se desempeñe en condiciones de informalidad laboral, es un asunto que debe estar en la pauta de los legisladores cuando se debate posibles reformas al sistema previsional del país.