Todas las autoridades competentes, sin duda, tienen una enorme responsabilidad para que los efectos negativos de la aplicación de la PSU, al parecer en su último año de aplicación, sean lo menos perjudiciales posible.
Respecto de la suspensión definitiva de la Prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la PSU, correspondiente a 2019, ayer la Asociación Chilena de Historiadores declaró que la “decisión constituye un nuevo y lamentable hito en la naturalización de la idea de que la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales son saberes prescindibles en la formación de nuestros estudiantes”.
Aun cuando el mecanismo definido por el Cruch para completar las postulaciones de quienes han elegido una carrera que considera esta parte de la PSU, establece que el puntaje de Historia, Geografía y Ciencias Sociales se reemplaza por el mejor resultado del postulante en los factores de selección, la medida, efectivamente, perjudicará a miles de jóvenes. En efecto, muchos estudiantes podrían haber tenido, en esa prueba, la posibilidad real de obtener un puntaje más elevado que en cualquiera de las otras pruebas o factores de selección (NEM, Ranking), sea por preparación, en la que muchos también invirtieron recursos, o bien por aptitudes desarrolladas en los años de estudio que cada estudiante realizó en su formación secundaria.
Por otra parte, si bien La Asociación Chilena de Historiadores también critica al Consejo de Rectores (Cruch), al considerar que la medida adoptada por este organismo se suma a la precarización de la educación pública, no es menos cierto que intentar una salida insistiendo en aplicar esta prueba resultaba prácticamente imposible. Ello porque aún se debe resolver cómo completar las tres pruebas suspendidas a miles de jóvenes a lo largo del país, y aplicar la de Historia, Geografía y Ciencias Sociales a todos los postulantes requiere mayor tiempo para su implementación.
Ante la crisis social vivida, los problemas resultaban esperables; incluso, se encontraban anunciados por organizaciones de enseñanza media, como Aces y Cones. Por lo mismo, desde el comienzo, debió haberse previsto un procedimiento distinto que asegurara el cambio en el sistema de postulaciones para ingresar a la universidad en 2020 u ocupar locales en los que fuese imposible impedir la aplicación de la prueba.
De cualquier modo, todas las autoridades competentes, sin duda, tienen una enorme responsabilidad para que los efectos negativos de la aplicación de la PSU, al parecer en su último año de aplicación, sean lo menos perjudiciales posible. Por el bien de casi 300 mil estudiantes, cuestión no considerada por sus pares, es de esperar que en lo que se decida no se sigan cometiendo errores.