Los incendios forestales que han afectado nuevamente a la Región del Biobío han vuelto a poner en evidencia una debilidad persistente en la respuesta pública y privada frente a este tipo de emergencias. Si bien existe una reacción rápida ante la urgencia habitacional y productiva, la recuperación ambiental posterior a los siniestros continúa sin una herramienta clara, permanente y suficiente.

En ese contexto, la propuesta de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Biobío de crear un Fondo de Recuperación Ambiental representa un planteamiento concreto frente a una carencia institucional que se arrastra desde hace años. La iniciativa apunta a financiar de manera estable la restauración de suelos degradados y ecosistemas dañados por incendios forestales, un aspecto que hasta ahora ha sido abordado de forma parcial y fragmentada.

El director regional de Conaf en Biobío, Esteban Krause, lo expresó con claridad al señalar que “hoy no existe un instrumento del Estado que se haga cargo de la recuperación ambiental posterior a los incendios forestales, y eso es lo que buscamos corregir con la creación de un fondo específico”. El diagnóstico se respalda en cifras preocupantes: 40 mil hectáreas afectadas por los incendios de 2023 en el Biobío aún no han sido recuperadas, ni desde una perspectiva productiva ni ambiental.

Esta situación implica riesgos concretos. La falta de intervención en zonas siniestradas favorece la erosión de los suelos, afecta las cuencas y aumenta la vulnerabilidad de territorios rurales y urbanos frente a eventos climáticos intensos. Además, la ausencia de un financiamiento dedicado impide planificar procesos de recuperación que, por definición, requieren varios años.

Si bien el Consejo Regional ha aprobado recursos para enfrentar las consecuencias de los incendios, estos solo cubren una parte limitada de las áreas afectadas. La experiencia reciente demuestra que los fondos excepcionales no son suficientes para abordar un problema de carácter estructural.

La creación de un Fondo de Recuperación Ambiental permitiría ordenar prioridades, asegurar continuidad y avanzar hacia una política pública que complemente la respuesta a la emergencia con acciones de mediano y largo plazo. La recuperación ambiental no puede seguir dependiendo de iniciativas puntuales, ni quedar supeditada a la disponibilidad ocasional de recursos.

Lo ocurrido en este verano y en 2023, además de la recurrencia de incendios en la región, muestra que postergar esta discusión tiene consecuencias. Avanzar en un instrumento específico ya no es sólo una propuesta técnica, sino una necesidad para una gestión más integral de las catástrofes.