Es necesario, sin embargo, que el Gobierno no abandone el énfasis en la agenda social, en todas aquellas iniciativas para la cuales se requiera voluntad y buena disposición, asunto que requiere del más pronto auxilio para quienes no pueden esperar.
No se puede describir de otro modo que como un acontecimiento histórico. Es muy posible que la iniciativa de crear una nueva Constitución generada desde la base ciudadana sea la primera en nuestra historia republicana, que aun en democracia tuvo una Carta Magna generada desde las cabeceras de la República. De esa manera, a 28 días del estallido social en Chile, parlamentarios de oficialismo y oposición han acordado realizar un plebiscito para abril de 2020.
Con la excepción del Partido Comunista, Partido Progresista y el Frente Regionalista Verde Social, se ha suscrito un documento denominado “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”, cuyo encabezamiento refleja con fidelidad lo acontecido; la gravedad de la crisis política y social del país, la masiva y sostenida movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por el Ejecutivo con el objetivo de buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento que sea inobjetablemente democrático. Un acuerdo que indudablemente refleja, en los términos del Ministro del Interior, “la hora de la buena política, la política de liderazgo, de la responsabilidad y del diálogo que construye acuerdos por el bien de Chile”.
Se establece así un plebiscito que, en primer lugar, pregunta ¿Quiere usted una nueva Constitución?, buscando aprobación o rechazo y a continuación plantea a la ciudadanía dos opciones; la primera es constituir una Convención Constituyente, compuesta en un 100% por ciudadanos elegidos exclusivamente para esa labor; y otra denominada Convención Mixta Constitucional, que será integrada en partes iguales por miembros electos para el efecto, y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio.
El Presidente del Senado, en las instancias iniciales de la conferencia de prensa conjunta, en la madrugada de ayer, expresó “somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado”, describiendo este acuerdo como una salida pacífica y democrática de la crisis, que representa una indudable victoria de toda la ciudadanía.
El plazo de funcionamiento del órgano constituyente que se elija para este proceso, será de hasta nueve meses, prorrogable una sola vez por tres meses. Transcurridos sesenta días posteriores a la devolución del nuevo texto constitucional por parte de este organismo, se realizará un referéndum ratificatorio con sufragio universal obligatorio. Finalmente, se declara que el o los proyectos de reforma constitucional y o legal que emanen de este acuerdo serán sometidos a la aprobación del Congreso Nacional como un todo, con el compromiso de voto aprobatorio de los firmantes de este documento.
Es necesario, sin embargo, que el Gobierno no abandone el énfasis en la agenda social, en todas aquellas iniciativas para la cuales se requiera voluntad y buena disposición, asunto que requiere del más pronto auxilio para quienes no pueden esperar.
Es una oportunidad de participación responsable e informada que se ha estado pidiendo por largos años, es el momento de mostrar que cada uno de nosotros está legítimamente interesado en el destino de la Patria, colaborando con seriedad y compromiso en el establecimiento de la nueva y fundamental carta de ruta del país, donde vivirán las generaciones del futuro.