Luego que el Gobierno hiciera presente la urgencia de discusión inmediata del proyecto, en segundo trámite legislativo, que regula la prevención de incendios forestales y rurales, la Comisión de Hacienda del Senado revisó y despachó en dos jornadas de sesiones la iniciativa que apunta a fortalecer la estrategia de prevención de este tipo de siniestros en el país.

En medio de la contingencia por los devastadores incendios que han arrasado zonas urbanas de las regiones de Biobío y Ñuble.

Respecto al periodo de tramitación en la instancia, en la comisión se puntualizó que se analizó el proyecto en al menos seis oportunidades, además del trabajo técnico.

Cabe destacar que la iniciativa busca otorgar nuevas herramientas y busca un mecanismo ágil para la incorporación de zonas de interfaz urbano-rural en los instrumentos de planificación territorial, así como la definición de áreas de amortiguación. Esto con el objetivo de reducir riesgos mediante el manejo obligatorio de la vegetación y la implementación de cortafuegos.

En la sesión de la instancia se sometieron a votación 20 artículos de competencia de la Comisión, las cuales se definieron conforme a lo señalado en el nuevo informe financiero entregado por el Ministerio de Hacienda, además de las indicaciones del Ejecutivo referidas al régimen sancionatorio.

Las modificaciones apuntaron fundamentalmente a rebajar los topes máximos de las multas: de 2 mil a mil unidades tributarias (UTM) mensuales para infracciones graves, y de 5 mil a 3 mil unidades para infracciones gravísimas.

Con todo, las y los senadores integrantes de la Comisión coincidieron en relevar la importancia de contar con esta ley como herramienta preventiva frente a los incendios forestales y rurales. No obstante, subrayaron la necesidad de profundizar el análisis de determinados aspectos de la iniciativa, especialmente aquellos que podrían afectar a los pequeños propietarios, con el fin de otorgar mayor claridad, equidad y certeza en su aplicación.