La solución, con los recursos de nuestro estado de derecho, pasa por escuchar y actuar en consecuencia. Recoger la voz de la ciudadanía y transformarla en acciones efectivas a breve plazo y establecer un compromiso para avanzar progresivamente en aquellos aspectos de más compleja resolución.
Nuestro país se encuentra en una nueva encrucijada, pero es al mismo tiempo una oportunidad de progreso social y de robustecimiento de la democracia, siempre que se encuentren las modalidades adecuadas para enfrentarla. Para que la actual crisis se resuelva, es crítico encontrar los puntos de equilibrio, que a su vez requieren de un auténtico sinceramiento de las partes para establecer los acuerdos de un nuevo trato.
Los caminos de la solución, si se opta por los recursos de los cuales dispone nuestro estado de derecho, pasan por escuchar y actuar en consecuencia, recoger la voz de la ciudadanía y transformarlas en acciones efectivas, en los plazos más breves y establecer un compromiso para avanzar progresivamente y de modo predecible, en aquellos aspectos de más compleja o lenta resolución, un proyecto de cumplimiento verificable, lo que exige abandonar las viejas tácticas de procrastinación y cambios superficiales y acotados, para después volver a dejar las cosas como estaban. Los tiempos para hacer política de ese modo ya han concluido, aunque hay todavía quienes estiman que éstas, como recurso político, son todavía válidas.
Sin embargo, en la dinámica de este proceso, en medio de manifestaciones, convocatorias y disturbios, no hay que confundirse, los chilenos tenemos la suficiente madurez cívica y la cultura ciudadana como para no adoptar actitudes maniqueístas. No se puede describir lo que le sucede a Chile de modo simplista; buenos, que manifiestan con justicia su descontento y malos, a los que arbitrariamente manifiestan reparos a las formas como estas manifestaciones se realizan.
En la gente que ha salido a las calles hay una inmensa mayoría de personas que actúan pacíficamente, con fe en las fuerzas de la democracia para resolver problemas desatendidos por décadas, y hay también aquellos que optan por la violencia y el vandalismo, con diferentes propósitos, algunos de naturaleza política, que desconfían de los procesos democráticos y otros oportunistas, para robar y destruir.
En la otra vereda, las fuerzas del Estado para asegurar la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía, allí igualmente hay una mayoría de chilenos con uniforme cumpliendo con su deber, con riesgo personal, con vocación de servicio y otros, posiblemente los muy menos, que abusan de su fuerza.
Si no se establece con claridad esta discriminación, se puede criminalizar a todos los que con justicia protestan y del mismo modo a los que, cumpliendo con su deber, tratan de impedir los excesos. Se justifica así la represión más dura de personas que protestan, o la agresión más extrema a los agentes del orden, en ambos casos indiscriminadamente, todos igualmente culpables.
La democracia tiene las herramientas para actuar en ambas situaciones, está la justicia para quienes ejercen acciones de violencia o delictivas, como para los que violan los derechos humanos. Además, respecto a estos últimos, observadores de la ONU presentes en nuestro país podrán atestiguar quienes son los responsables de irrespetarlos en uno u otro sector.
En esta encrucijada entonces hay un espacio para observar la fuerza de la democracia, las señales para buscar los acuerdos están empezando a aparecer, cambios de actitud del ejecutivo, del empresariado y del mundo político, que hay que evaluar en sus propios méritos. Hay que darle a la paz una oportunidad.