Persisten y se agudizan los numerosos problemas y riesgos propios del funcionamiento de estos negocios altamente rentables, ya que no tienen una reglamentación especial, no se sabe cuánto dinero una persona juega en ellos o cuánto dinero mueven.
El municipio penquista ha experimentado en carne propia las dificultades y los ocultos dispositivos de blindaje de los dueños y operadores de locales con máquinas tragamonedas, descritos de modo eufemístico como casinos populares, en un intento bastante burdo de encontrar una suerte de justificación democrática en la práctica de este muy redituable modelo de negocio. El intento de clausurarlos resultó en una apelación que terminó por revertir esa medida en beneficio de los empresarios del rubro, por sobre toda la batería de argumentos para terminar con esta actividad.
El origen de este conflicto está en permeabilidades de la ley de Casinos, dictada en 2005, en la cual se establece que los juegos de azar solamente pueden operar en los casinos de juegos y en caso de situaciones como bingos y loterías en otros lugares, establece que los juegos de destreza podrían operar bajo cualquier circunstancia, en la medida que contaran con una patente del municipio, lo que abrió la puerta a funcionar con máquinas de juegos de azar con el simple expediente de describirlas como de destreza.
Persisten y se agudizan los numerosos problemas y riesgos propios del funcionamiento de estos negocios altamente rentables, ya que esos lugares no tienen una reglamentación especial, no se sabe cuánto dinero una persona juega en ellos, sin impedimentos para el ingreso de menores de edad. Por otra parte, no hay normas de control respecto de que ellos tengan que informar a la Unidad de Análisis Financiero cuánto dinero se está moviendo en esos lugares, lo que obviamente puede facilitar la comisión de una variedad de delitos.
En otro intento para controlar esta actividad, hace solo un par de meses, la Cámara Nacional de Comercio y el Observatorio del Comercio Ilícito lanzaron campaña “Juguemos limpio” para fortalecer el negocio formal, que además de apelar al respeto a las reglas del juego y a valorar la importancia del comercio formal, apela a terminar con los juegos de tragamonedas. En esa oportunidad, el alcalde de Iquique denunció la pasividad de un sector del Poder Legislativo para afrontar ilegalidades como las máquinas tragamonedas o casas de juego, dispuestas en todo el país, como también al gobierno, que no consensuan políticas con los municipios, para ejercer una sola voz frente a estas prácticas.
En agosto del año pasado, el senador Alejandro Navarro presentó una denuncia en Fiscalía solicitando la incautación las placas madres de todas las máquinas de azar del Bío Bío y que funcionan como supuestos juegos de destreza, porque a su juicio “son ilegales, esconden mafias, adicciones, afectan la economía familiar y fomentan la ludopatía”.
Un estudio de 2016, en la Región del Bío Bío, contabilizó 3.980 máquinas y 166 locales. Concepción con 1.005 tragamonedas, Los Ángeles con 584, Tomé con 521, Coronel con 455, Chillán con 416, Penco con 411, Chiguayante con 185, San Pedro de la Paz con 117, Talcahuano con 57 y Hualpén con 48. A tres años de esa medición, es evidente que el negocio se ha extendido en comunas más pequeñas e incluso a zonas rurales.
La gravedad de los hechos; cinco personas asesinadas a sangre fría por un pistolero que ingresó hasta el local de máquinas tragamonedas en la capital, requiere de una investigación exhaustiva y transparente de la realidad que se vive en el entorno de esos locales, que parece ser peor que las peores suposiciones y profecías.