Editorial

Responsabilidades de las empresas de agua potable

Es una señal de alerta para otros servicios de esta naturaleza, aparentemente, los protocolos fueron deficientes y no se habían tomado las medidas que corresponde para evitar este tipo de circunstancias.

Por: Editorial Diario Concepción 25 de Julio 2019
Fotografía: Archivo

A los penquistas no les ha sido difícil comprender lo que les estaba pasando a sus compatriotas de Osorno, basta con el recuerdo del diario peregrinar por el agua después del terremoto de febrero de 2010, semanas de dificultades y riesgos sanitarios por no contar con ese elemento irremplazable e indispensable. Nadie quiere repetir esa experiencia y es de comprender la indignación de aquellos que tuvieron que sufrirla.

El primer impacto directo fue sobre 45 mil viviendas, pero una vez conocido el informe del Comité Operativo de Emergencia en la Gobernación Provincial de Osorno, además, informar en forma sucinta que había ocurrido un derrame de combustible en un camino de tierra, se recomendó el cierre de colegios y jardines infantiles. Además, por razones obvias, se vieron afectados severamente, hospitales, Sapus, comercio, industria y puestos de trabajo por la crisis sanitaria.

El superintendente de Servicios Sanitarios informó de las primeras limitaciones en la capacidad de respuesta de la empresa Essal, al señalar que “hay 47 estanques alternativos de 68 que deberían haber”, por su parte, el Intendente regional aclaró que se trató de un error humano ocurrido al interior de la propia sanitaria, donde se mezcló petróleo con agua potable que llegó a los estanques ubicados en el sector de Ovejería. El operador del turno de noche dejó abierta la llave de paso de petróleo, con la que se abastece el grupo electrógeno de la planta Calpulli, se percató del hecho el trabajador que ingresó al turno nuevo, en la mañana del día siguiente; el derrame de 1.100 litros de combustible.

Ocho días más tarde el Presidente Piñera dio por superada la emergencia en la ciudad, aunque la reposición, finalmente, no funcionó. La empresa atribuyó el hecho a la “alta demanda” del servicio y dijo luego que el suministro se recuperaría en las próximas horas, lo que tampoco ocurrió y vastos sectores de la ciudad siguieron sin suministro. Tras 10 días de emergencia sanitaria, se ratificó la reposición del suministro del recurso hídrico, declarándolo apto para consumo humano. Sin embargo, los Servicios Atención Primaria de Urgencia Sapu Lopetegui, Rahue Alto y Jáuregui permanecieron cerrados hasta tener la seguridad que el agua esté libre de microorganismos.

Para el ministro de Obras Públicas, hay algo más que las responsabilidades y las compensaciones “una empresa como esta, y cualquiera que entrega un servicio público, tiene que entender una cosa que es vital. Aquí la rentabilidad es de largo plazo, porque se basa en una sola cosa: la confianza de las personas”.

Es una señal de alerta para otros servicios de esta naturaleza, aparentemente los protocolos fueron deficientes y no se habían tomado las medidas que corresponde para evitar este tipo de circunstancias, faltaron depósitos, camiones aljibes, no se actuó con rapidez y eficiencia. En otro orden de cosas, no parece haber relación entre las rentabilidades de la empresa y las inversiones para asegurar calidad y certeza. La gente resultó perjudicada y la multas no son para compensarlas, los dineros van al Estado, no a la personas que sufrieron esta pesadilla, con suerte no les cobrarán los días no servidos, algo que no siempre ocurrió en Concepción para el 27F. Tarea para las empresas, pero también para el Estado, sin cuya autorización no podrían operar, ambas entidades tienen cuentas que rendir.

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