Una de las debilidades de nuestro sistema, que da a entender a la ciudadanía que la delincuencia tiene ventajas importantes, que existe una alta posibilidad de impunidad.
No hay tal cosa como equidad delictual, no todos los chilenos tenemos iguales oportunidades frente a la seguridad, o frente al delito, por lo tanto, las ópticas sobre el peso relativo de la delincuencia sobre la sociedad es difícil de acordar, tanto como conciliar, por razones parecidas, la percepción de seguridad ciudadana por los afectados, o por aquellos que tienen como misión primordial la de protegerla.
La delincuencia, siempre actualizada, parece ir un paso por delante de quienes tienen a cargo controlarla o eliminarla, por tanto, no es de extrañar que pueda migrar a sectores transitoriamente más desprotegidos de las ciudades, o innovar en el foco de sus actividades, razones, entre otras más que suficientes para demandar vigilancia cercana, atenta, continua, idónea y comprometida, se podría añadir sin dificultad una serie de otras condiciones para favorecer la tarea de las policías, pero con estas basta para dejar en claro que no puede dejarse intersticios para los que violan la ley.
Confusiones entre derechos mínimos de la sociedad y derechos humanos han puesto reparos y presiones políticas fuertes para inhibir la acción preventiva de carabineros, por ejemplo, aludiendo justamente a los derechos ciudadanos, privacidad personal y otros resguardos que terminan por desorientar el sentido común ciudadano, ya que tales restricciones parecen proteger más a los delincuentes, que restringir derechos de la gente decente de nuestro país, que, por supuesto, no tiene nada que temer si su identidad es solicitada con fines preventivos y de seguridad.
Afortunadamente, aunque tal vez sin la suficiente frecuencia y universalidad, hay iniciativas para salir al paso de una delincuencia acechante, el gobierno ha planteado que una de sus prioridades es la seguridad pública, en consecuencia, una de las estrategias es dar mayor visibilidad al trabajo operativo de Carabineros, en todo el país, entre ellas destacan las rondas masivas preventivas.
Los resultados son alarmantes por su impacto, durante el primer fin de semana de 2019, Carabineros realizó el décimo operativo de este tipo y, el primero del año, logrando la detención de más de 3 mil personas, de las cuales 2.361 fueron arrestadas por la comisión de un delito en flagrancia y 852 por órdenes de detención vigentes.
Si se examina la totalidad del efecto en estos diez operativos, entre el 22 de marzo de 2018 y el 6 de enero de 2019, se registra la detención de más de 46 mil sujetos, de los cuales 31 mil fueron por delitos flagrantes y 15 mil por órdenes de detención vigentes. De paso, se logró decomisar 737 kilos de droga, incautar 1.644 armas de distinta tipología, como armas de fuego cortas y largas, y también diversas armas blancas.
La pregunta que surge es relativa a la capacidad de los jueces para enfrentar esta dinámica, la de hacer respetar la ley, con el desafío de hacer justicia. Una de las debilidades de nuestro sistema que da a entender a la ciudadanía que la delincuencia tiene ventajas importantes, que existe una alta posibilidad de impunidad, que al ser observada por las ciudadanía, genera una temprana y fuerte desconfianza en la capacidad de la justicia chilena.
Aun así, con las limitaciones del sistema, es mucho más eficiente el actuar preventivamente, con operativos de esta naturaleza, que entregar los espacios a la delincuencia, en vez de devolvérselos a las personas honradas.