Chile ha descubierto una fórmula cómoda para silenciar su conciencia social: promulgar leyes impecables en el papel mientras tolera la impunidad en las calles, los campos y los bosques. Cada Día Mundial de los Animales -sea cual sea el gobierno al mando- nos envuelve y abruma la misma narrativa oficialista, celebrando que el reconocimiento jurídico de la sintiencia nos posiciona en la vanguardia legislativa. Sin embargo, la realidad que enfrentan a diario veterinarios, académicos y agrupaciones animalistas en la Región del Biobío desmiente el discurso festivo y exagerado. La brecha entre el articulado legal y la práctica cotidiana no es un mero desfase operativo; es una falla estructural de voluntad política.

Contamos con la Ley 21.020 (Ley Cholito) y la Ley 20.380, instrumentos que sobre el papel prohíben el abandono, sancionan la crueldad y erradicaron la eutanasia municipal como mecanismo de control poblacional. No obstante, una ley sin presupuesto ni capacidad fiscalizadora es poco más que literatura simbólica. Como bien aducen los especialistas de Colmevet y activistas locales, declarar a los animales como seres sintientes resulta estéril si los municipios carecen de inspectores, si las denuncias por maltrato terminan archivadas en el sistema judicial y si las sanciones carecen de consecuencias disuasorias reales. Tipificar el abandono como delito pierde todo impacto cuando el delincuente sabe que la probabilidad de ser fiscalizado tiende a cero.

Esta ineficiencia no solo atañe al bienestar de los animales de compañía. Revela además una visión estrecha y especista de la protección legal. Mientras enfocamos esfuerzos en registrar perros y gatos, la legislación invisibiliza las demandas del ámbito productivo y la fauna silvestre. La irresponsabilidad humana al liberar o descuidar mascotas en perfiles periurbanos devasta ecosistemas locales, compromete la biodiversidad endémica y asesta un golpe económico silencioso a los pequeños agricultores. La salud ambiental, la salud humana y el bienestar animal están intrínsecamente conectados bajo el enfoque de “Una Sola Salud”, pero el Estado insiste en abordar el problema con parches reactivos.

Celebrar los avances legislativos sin exigir su financiamiento y ejecución efectiva es complicidad. Chile no necesita más efemérides ni discursos bienintencionados; requiere recursos concretos para la fiscalización municipal, programas masivos y sostenidos de esterilización, educación profunda en tenencia responsable y un sistema de justicia que entienda que la crueldad animal es el primer síntoma de la degradación social. Hasta que la ley no se sienta en la calle, el bienestar animal en nuestro país seguirá siendo una elegante ilusión burocrática.