El informe del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°26 de la Contraloría General de la República expone una realidad incómoda y persistente en el aparato estatal. El dato central parece ofrecer un respiro: a nivel nacional, los casos de funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica cayeron un 63 % en 2025 respecto a los dos años anteriores. Sin embargo, la lectura territorial revela aristas que exigen un análisis más allá del alivio estadístico, particularmente en la Región del Biobío.
Con 431 casos identificados, la zona concentra cerca del 6 % del total nacional de esta mala práctica. Lo alarmante no es solo el volumen, sino la concentración sectorial. El Servicio de Salud Concepción lidera la lista regional con 80 registros, representando casi uno de cada cinco casos locales. Que las instituciones dedicadas al cuidado de la salud y a la gestión del bienestar social —como los servicios de salud y los municipios— encabecen estas cifras resulta paradójico. La salud pública, permanentemente tensionada por la falta de recursos y la alta demanda de atención, sufre un doble impacto cuando el ausentismo laboral se desvía hacia el abuso.
Es insoslayable reconocer el efecto disuasivo de la fiscalización. Tras la publicación del primer informe del organismo contralor en mayo de 2025, el desplome de estas irregularidades en el segundo semestre alcanzó más del 90 %. Esto demuestra que el control efectivo y la exposición pública actúan como un freno directo frente al incumplimiento. La impunidad percibida suele ser el caldo de cultivo del abuso; cuando el cruce de datos entre la Contraloría, la PDI y la Suseso se vuelve riguroso, la conducta cambia.
No obstante, la disminución cuantitativa no borra el problema de fondo. El informe constata la existencia de un núcleo duro de reincidencia: miles de personas a nivel nacional han incurrido en esta práctica durante dos o tres años consecutivos. Este dato evidencia una falla estructural en los mecanismos internos de sanción y un desgaste en la cultura de la función pública. El silencio de las instituciones al ser requeridas -como ocurrió con la falta de respuesta inmediata del Servicio de Salud Concepción— tampoco contribuye a restablecer la confianza institucional.
El desafío pendiente para la administración pública en el Biobío y en el país no radica únicamente en celebrar la baja de las cifras, sino en erradicar la naturalización del fraude al sistema de licencias médicas. Un servicio público moderno requiere rigor en la fiscalización, transparencia probatoria y, sobre todo, una ética profesional acorde con la responsabilidad que implica gestionar recursos estatales.