El estudio del Centro de Políticas Públicas de la PUC y la Fundación Chile concluyó que estas organizaciones adelantan la identificación de problemáticas que no están siendo abordadas por las políticas públicas y cuentan con décadas de experiencia acumulada en el trabajo con niños.
Cerramos el año con una enorme deuda pendiente, con el agravante de su público conocimiento y una cortina mediática de preocupación prioritario; el cuidado de los niños de Chile, el rediseño del Servicio Nacional del Menor, transformado como bandera de lucha de cualquiera que aspirara a cualquier cosa en el aparato del Estado o en el posicionamiento en la opinión pública. Al darse por enterado de las declaraciones, era evidente que las situaciones tendrían un rápido remedio, que la voluntad individida de nuestra clase política iba a permitir contar con los recursos y las instancias para corregir la intolerable situación predominante en Sename.
Como era de temer, prevaleció la trinchera, la lucha por sacar el mejor provecho de las circunstancias, dejando el interés de los niños en segundo plano, si es que no quedaron relegados a una posición aún más postergada en el orden de la tabla.
El primer asunto pareció ser la ideología, el convencimiento inconmovible que la administración privada es intrínsecamente perversa, a pesar de la evidencia que en no pocas oportunidades las organizaciones adelantan la identificación de problemas y específicamente en la infancia aborda esa necesidad antes que el Estado, en un estudio reciente parar verificar la contribución de las organizaciones de la sociedad civil en la protección de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.
El proyecto desarrollado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile y la Fundación Chile concluyó que las organizaciones: son un aporte, han tenido una larga y valiosa gestión por largos años, destacando como ejemplo la Sociedad Protectora de la Infancia, que inició sus actividades en 1894 antes que el propio Estado.
El estudio hizo una evaluación tanto cuantitativa como cualitativamente de lo que sucede en 19 organizaciones de este tipo (OSC), los resultados permitieron concluir que éstas “se adelantan permanentemente a la identificación de problemáticas que no están siendo abordadas por las políticas públicas y cuentan con décadas de experiencia acumulada en el trabajo con niños”. Además, el informe consigna que estos emprendimientos “complementan la cobertura de servicios sociales a lo largo de todo el país a través de la ejecución de programas del Estado”.
A pesar de las declaraciones en el sentido de dar a la infancia una primera prioridad: “los niños primero”, como una idea fuerza que pareció tener un soporte transversal, se ha diluido, la minucia política ha logrado retrasar aportes urgentes, en busca de mayores seguridades y controles, como si la legislación vigente no tuviera las herramientas para garantizar las buenas prácticas. Así, el debate para aumentar en un 25% la subvención a los organismos colaboradores, sigue teniendo objeciones.
No es necesario tener en el sector de sacrificio a miles de niños y adolescentes vulnerables en condiciones inaceptables, hay que volver a insistir sobre la realidad cruel de muchos centros, sin recursos suficientes, sin personal adecuado, sin la seguridad indispensable, hay que volver a recordar el dolor y dejar el ajedrez oscuro de la política para otra oportunidad, por una vez debería imponerse la sensibilidad, la humanidad, a la calculadora.