El dato más duro, sin embargo, es que el robo con violencia o intimidación, ha aumentado en un 37,2% en comparación a 2013 y que la victimización, desagregada por grupos socioeconómicos, aumentó en los sectores más vulnerables de la población.
Al menos cuatro gobiernos en plena democracia han visto ensombrecida su gestión ante el fracaso de controlar la delincuencia, por mucho que se haya invertido en recursos materiales e ideológicos. Las estadísticas oscilantes entre aumentos o disminución de números y diversas en cuanto a su descripciones cualitativas, han terminado por socavar la fe pública, que permanece en estado de alerta ante la diferencia de las cifras que muestran episódicamente disminución de la delincuencia en nuestro país y la experiencia cotidiana de la ciudadanía que tiene cada vez más claro que cualquier descuido puede ser de consecuencias graves.
No es en realidad una solución exigir a las personas que inviertan en su seguridad, que estén permanentemente en estado de alerta, que se indique el irrenunciable compromiso a actuar preventivamente, de tal manera que si el delito ocurre, este trae, además de la pérdida material o lesiones físicas, la marca de culpabilidad de la víctima, que no estuvo a la altura de lo que de ella se esperaba.
El ejemplo más elocuente de lo anterior es el último informe sobre el particular, en base a datos del Índice Paz Ciudadana 2018, medición que se realiza en conjunto con GfK Adimark, y donde la victimización se muestra con una diminución respecto del estudio del año pasado, pasando de 39,5% a 36,4%. El comentario concluye declarando que la victimización ha disminuido tres puntos porcentuales a nivel nacional, con un resguardo de mucho significado, pero que ha merecido limitada atención; el aumento en sectores más vulnerables, la preocupación por el incremento de delitos violentos, como así mismo el alza en las denuncias.
El Gobierno valoró como corresponde los avances logrados, de lectura un tanto equívoca, ya puede indicar solo una tendencia en las cifras positivas, sin la confianza para saber si esta trayectoria estadística se mantiene. Con propósitos referenciales se informó que durante el 2017, las victimizaciones fueron producidas principalmente por hurto (9,7%), robo con violencia o intimidación (5,1%), robo con fuerza en la vivienda (5,1%), robo por sorpresa (4,6%) y lesiones (1,7%).
El dato más duro, sin embargo, es que el robo con violencia o intimidación, ha aumentado en un 37,2% en comparación a 2013 y que la victimización desagregada por grupos socioeconómicos aumentó en los sectores más vulnerables de la población.
Es posible que la inequidad tenga aquí otra manifestación, los sectores más pudientes pueden comprar más seguridad particular y al mismo tiempo captar más recursos de municipios solventes. En los sectores vulnerables concurren los peores escenarios; seguridad habitacional precaria, pocos recursos para vigilancia o alarma y además, sobre todo en áreas periféricas, la actividad delictual de bandas o narcotraficantes.
Afortunadamente, hay una mayor conciencia en la ciudadanía de la necesidad de aceptar los controles de seguridad por parte de la policía o carabineros, intervenciones que no representan riesgo alguno para las personas honradas, pero una barrera considerable para la acción de los delincuentes.
Con todo hay una reflexión que hacer; la pobreza, la falta de empleo, la inequidad misma, son catalizadores del delito, son justamente esas variables las que deben enfrentarse a largo plazo, es por eso que al no avanzar en esa dirección, los resultados de las otras políticas suelen ser erráticas e inestables.