El informe de la CGR que detectó irregularidades en la Dirección de Tránsito penquista generó reacciones en municipios del Biobío, que llamaron a reforzar aspectos de control en la generación de trámites.
Una investigación de la Contraloría General de la República (CGR) destapó un conjunto de irregularidades en la renovación de licencias de conducir en la Municipalidad de Concepción, donde entre enero de 2024 y junio de 2025 se detectó el uso de “procedimientos exprés” que beneficiaron a funcionarios municipales y a familiares, sin agendamiento previo ni respeto del sistema regular, dando origen a un sumario administrativo por eventuales faltas a la probidad.
El informe N°730-25, emitido en febrero de 2026, constató la habilitación de 4.674 horas fuera del horario oficial para trámites de licencias, con tiempos de espera de entre cero y dos días, en contraste con las demoras que enfrentaba la ciudadanía. El análisis masivo de datos reveló que estos cupos fueron utilizados casi de inmediato, eludiendo el procedimiento habitual establecido por el propio municipio.
La investigación del organismo acreditó que 131 funcionarios municipales y 348 familiares obtuvieron o renovaron el permiso sin solicitar hora a través del sistema web, además de constatar la intervención directa de funcionarios en trámites de parientes, incluyendo evaluaciones médicas, psicométricas y exámenes prácticos, configurando posibles conflictos de interés y vulneraciones al deber de abstención e imparcialidad administrativa.
Entre los hallazgos, Contraloría verificó que el 99 % de las licencias fue informado fuera de plazo al Registro Civil, que 2.031 documentos no figuran en su base de datos y que se otorgaron 29 licencias a personas inscritas como deudoras de pensiones de alimentos. Los hechos implican incumplimientos reiterados a las obligaciones de probidad administrativa, control jerárquico y deber de abstención establecidas en las leyes N°18.575, N°18.290 y N°19.880, que rigen el actuar de los órganos de la administración pública.
Todos estos antecedentes derivaron en la instrucción de un sumario administrativo mediante Decreto Alcaldicio N°1.357, emitido el 27 de noviembre de 2025, antes de la publicación masiva del informe. El proceso deberá esclarecer responsabilidades y determinar si las irregularidades cruzan más de una administración, en un caso que reabrió el debate sobre controles internos y riesgos estructurales en el sistema municipal.
Consultada en profundidad por este caso, desde la Municipalidad de Concepción reafirmaron a Diario Concepción que el informe de CGR se originó debido a acciones impulsadas por la actual autoridad local. El administrador municipal, Boris Negrete, sostuvo que “a poco de asumir, en diciembre de 2024 y en los primeros meses de 2025, se decreta un sumario administrativo”, tras conocerse antecedentes que incluso apuntaban a posibles ventas de licencias.
Negrete dijo que se trataba de situaciones “bien complejas desde el punto de vista normativo, legal y de la probidad”, lo que motivó que la Contraloría ampliara el alcance de su investigación.
Según detalló, el resultado de la indagatoria fue notificado al municipio entre fines de enero y comienzos de febrero de este año. “Tomado conocimiento el alcalde del informe, lo primero que hace es decretar un sumario administrativo distinto al otro, solo en relación a lo indicado por la Contraloría”, señaló, recalcando que el objetivo es que sea un fiscal designado quien investigue en profundidad.
Asimismo, acerca de los casos de funcionarios y familiares que habrían accedido a trámites sin seguir el sistema regular, el administrador reconoció que se trata de “una cifra considerable”, lo que obligará a una revisión caso a caso.
En cuanto a las denuncias por eventuales ventas de licencias, Negrete distinguió entre hechos anteriores y posteriores al inicio de la actual gestión. Señaló que han existido ofertas falsas difundidas incluso por redes sociales y que “cada vez que hemos tomado conocimiento de esto, realizamos las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público”, junto con campañas informativas para advertir que los trámites solo se realizan por vías oficiales.
Respecto del sistema de agendamiento, el administrador indicó que durante 2025 se logró normalizar la toma de horas, aunque reconoció que previamente coexistían mecanismos web y presenciales.
Fachada de la Municipalidad de Concepción | Foto: Isidoro Valenzuela M.
Tras conocerse el informe y la instrucción del sumario por parte de la CGR, el caso comenzó a generar reacciones inmediatas a nivel local. Para el concejal republicano, José Piña, se trata de “una grave irregularidad” y “una falta de respeto” hacia la ciudadanía. En la misma línea, la Asociación de Funcionarios Municipales de Concepción (AFUM) advirtió que estos hechos socavan la credibilidad institucional y llamó a aplicar el debido proceso y las sanciones correspondientes.
Pero las miradas no quedaron contenidas en la capital regional, pues también surgieron reacciones desde la Asociación de Municipalidades del Biobío (AMRBB), que abordó la situación con cautela institucional. Desde la entidad señalaron que esperan que la indagatoria “permita esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en la entrega de licencias de conducir a la ciudadanía”.
Desde la asociación indicaron además que situaciones irregulares “podrían presentarse en cualquier organismo público”, motivo por el cual valoraron la actitud adoptada por el municipio penquista y su alcaldía. En esa línea, afirmaron que la respuesta institucional ha ido “en la dirección correcta”, al optar por fortalecer los mecanismos de control e investigación frente a los antecedentes detectados por la CGR.
Asimismo, la AMRBB sostuvo que, en función de los resultados que arroje el sumario administrativo, “no tenemos dudas de que el municipio adoptará las medidas correctivas correspondientes” y que, de comprobarse fallas, “se aplicarán las sanciones pertinentes”. La postura reflejó una mirada que, sin restar gravedad al informe, pone el acento en el debido proceso y en que las responsabilidades se definan una vez concluida la investigación.
Para conocer la visión de comunas vecinas, desde la Municipalidad de Talcahuano señalaron a este medio que el caso detectado por la Contraloría en Concepción constituye un antecedente que refuerza la necesidad de mantener controles estrictos. Sin emitir juicios sobre una investigación en curso, indicaron que este tipo de situaciones “siempre constituyen una oportunidad para reforzar estándares, revisar protocolos y fortalecer medidas preventivas”.
En ese contexto, la casa edilicia afirmó que los procedimientos de renovación y otorgamiento de licencias de conducir en Talcahuano se realizan “bajo criterios de agendamiento formal, garantizando igualdad de trato para todos los usuarios”. Añadieron que estos procesos “son revisados periódicamente como parte de los mecanismos habituales de control interno”, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento más allá de contingencias externas o casos conocidos en otras comunas.
Respecto de los mecanismos de control y trazabilidad, detallaron que la Dirección de Tránsito de la comuna puerto opera con registro digital de atenciones, respaldo documental y controles administrativos internos, lo que permite seguir cada trámite desde su inicio hasta su resolución. Finalmente, sobre el fondo del debate, plantearon que cada situación debe analizarse conforme a sus antecedentes, subrayando que “la gran mayoría de los municipios del país desarrolla su labor con apego a la normativa” y que, cuando se detectan irregularidades, corresponde investigarlas y aplicar las medidas que establece la ley.