Editorial

La obligación de actuar frente al vandalismo urbano

Por: Editorial Diario Concepción | 03 de Noviembre 2018
Fotografía: La Tercera

En parte, debido a una muy difícil delimitación entre intervenciones artísticas en espacios públicos y pintado de muros de propiedad pública o privada, ha habido una actitud no pocas veces contemplativa frente a los rayados, salvo que no haya duda alguna de la intención de hacer daño, como ocurrió con la recién restaurada escultura de Rebeca Matte, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la capital.

Allí no hubo problemas para declarar ese acto como vandálico, término este último utilizado con plena propiedad, ya que se refiere a los integrantes de un pueblo bárbaro de origen germánico oriental que quedó en la historia como símbolo del salvajismo y de la falta de civilidad. La RAE hace una necesaria precisión; “Actitud o inclinación a cometer acciones destructivas contra la propiedad pública, sin consideración alguna hacia los demás”.

La actitud de respeto a las manifestaciones artísticas ha permitido la acción destructora de grupos que no tienen esa orientación, que corresponden más bien a un desafío a la sociedad, una forma de protesta, un demarcación de territorios, por tanto, no se trepida en dañar. La dinámica es claramente diferente al arte urbano que es fácil de reconocer y diferenciar, ya que es un aporte estético y que puede llegar a ser parte del patrimonio de las ciudades.

La reciente resolución de la ciudad de Valparaíso es un cambio de actitud que podría llegar a ser ejemplarizadora para resolver este conflicto que tiene mucho de falta de voluntad política para poner las cosa en su lugar, el temor a usar el poder de la autoridad para proteger el bien común, para no ser confundido con represores o antidemocráticos, la clásica opción de evitar lo políticamente incorrecto, una forma disimulada de cobardía civil.

Efectivamente, se han emprendido iniciativas para investigar a fondo el fenómeno delictual de vandalismo y rayados en la zona histórica de la ciudad porteña, determinar si se trata de hechos con grupos organizados o acciones individuales aisladas. En ese sentido, el ex jefe regional de la PDI declara que durante su gestión “constatamos que el 80 % de los rayados es hecho por un reducido grupo de antisociales que buscan destruir los espacios públicos. Los identificamos y ubicamos, pero no recibieron sanción penal”. Es esa la tarea que ahora asume la nueva unidad regional en Valparaíso de la Brigada de Delitos Medioambientales y contra el Patrimonio Cultural, recién creada por la PDI.

El argumento más frecuente antes hechos de esta naturaleza, como ocurre en muchos casos de delincuencia, o de violencia en los colegios, es la común circunstancia de eventual deuda social para con los responsables, que las verdaderas causas se encuentran en el entorno de las familias o de situaciones de vulnerabilidad, al grafiti, por ejemplo, se le considera como un medio de expresión de los sectores juveniles marginados de la sociedad. Atendidas esas posibilidades, como siempre ocurre al aplicar justicia, éstas no eximen a la autoridad de vigilar, prevenir o intervenir para el cuidado de los bienes urbanos, no solo por el cuidado del patrimonio común.

Lo que debe quedar claro es que no se trata de estigmatizar una actividad que debidamente regulada puede contribuir a mejorar la estética de las ciudades, ya que de no ser así la imagen de las zonas afectadas permite concluir que la seguridad ciudadana es relativa, que la ley puede ser sobrepasada, que es mejor salir de allí.

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