Cuando se toma la iniciativa de preguntar, siempre existe la posibilidad que no nos guste la respuesta, una eventualidad que debería ser contemplada cuando de antemano se sabe que eso puede ocurrir, que los hallazgos no hagan otra cosas que confirmar las peores sospechas, o los hechos más crudos, sin atenuantes, como ocurre al preguntar por qué hay personas y niños que viven en la calle, o en situación de calle, como se describe ahora para trasformar la opción en algo más digerible, un eufemismo que podría llevar a restarle el dramatismo y urgencia que tiene esta realidad.
Algo de aquello debió haber ocurrido con la información que arrojó el catastro de 2011, una instancia que no se aprovechó a cabalidad, que dejó pendiente la generación de una política nacional,para el trabajo conjunto sobre la infancia vulnerable o vulnerada. El hecho escueto es que hay niños viviendo en la calle, solos o mal acompañados, en esa oportunidad el censo contabilizó 785 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 510 eran hombres y 275 mujeres, en esa condición. Con una edad promedio de 13 años, con los siete años que han pasado, ahora deberían ser muchos de ellos mayores de edad.
Además de estas frías cifras, hay un antecedente que emerge como un desafío; los niños prefieren vivir en la calle que volver a las familias de donde salieron, lo que suele ocurrir con los niños que tienen desapego, que vienen de hogares donde han sido maltratados o porque no había quien los cuidara; entonces, para ellos, la calle es mejor que seguir en su familia. Porque en la calle habían encontrado un refugio, apoyos de seres como ellos, que habían logrado adaptarse a esa situación de desamparo por sus propios medios, sin otras consideraciones que sobrevivir, sin las normas de una sociedad que los ha abandonado.
Esa es la razón de un nuevo intento de conocer la realidad de ahora, saber de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que viven en la calle, mediante un catastro del Ministerio de Desarrollo Social, en 160 comunas del país, con una inversión aproximada de $100 millones, el cual será licitado próximamente para aplicarlo durante noviembre, con el propósito de actualizar las cifras y avanzar en la generación de una política pública para atender a los niños y lograr sacarlos de la calle.
La experiencia de anterior, utilizando información del catastro de 2011, señala los cambios necesarios para conseguir que los niños tengan la acogida que requieren para sentirse en casa, es esta última expresión, de extrema sencillez y de compleja administración, la más difícil de lograr, significa que, por sobre todo, la infancia busca cariño, cuidado, atención personalizada y empática, casi todo lo contrario de lo que la burocracia suele proveer, con su rutina de sistematizar y despersonalizar, buscando soluciones mecánicas y funcionales, alejadas del área afectiva.
La inversión que debe hacer el Gobierno en el marco del acuerdo nacional de infancia es importante, pero más importante es dar una oportunidad a los niños olvidados de Chile, nuestro capital humano, ofrecerles hogares y adultos cuidadores cercanos y sensibles. No se trata de replicar el fracaso de Sename, tiene que haber otro esquema, el de la familia que reemplace a la que no han tenido, espacios para su privacidad, darles el piso indispensable para desplegar sus potenciales, dar el un mejor soporte al futuro de la Patria.