Para el ciudadano común no puede dejar de ser sorprendente la capacidad de la política para ocultar la verdad, o disfrazarla, es muy difícil entender cómo, después de años de manifestar intenciones y preocupación, los datos duros con respecto a los niños del Sename se transparenten solo ahora, que no se haya terminado de exponer una realidad que, aunque dolorosa y vergonzante, demanda su cabal conocimiento, la revelación de errores tremendos, de procedimientos cruelmente deficientes, de negligencia y descuido, de silencio cómplice.
Hubo que esperar los resultados de la primera auditoría social realizada en todos los centros de administración directa del Servicio Nacional de Menores, primera tarea encargada por el Ejecutivo a la directora del Sename, con resultados de lamentar, pero de todas maneras es la primera vez que la dirección del servicio tiene un diagnóstico completo de la situación de cada uno de los niños, un insumo elemental para trazar programas efectivos en relación a las enormes falencias detectadas en esta auditoría.
No se puede creer que en todos los años que han transcurrido desde que empezaron a manifestarse inquietudes sobre la situación de los niños en las reparticiones del Sename, no haya habido mayor información, mucho más creíble es que si la hubo fue considerada como sensible y potencialmente dañina para la administración a cargo y por lo tanto mantenida en reserva.
La declaración introductoria de la actual directora es lacónica y elocuente “La crisis es grande. Se requieren cambios profundos y mucho tiempo para implementarlos”, se hizo frente al Mandatario en un lugar simbólico: el Cread Galvarino, ubicado en la comuna de Estación Central. Allí murió Lissette Villa el 11 de abril de 2016, los encargados le dijeron a su madre que había muerto de pena, la investigación judicial ha establecido que fue por maltratos, evidencia insoslayable que el Estado no está cumpliendo con su deber.
Por lo general los números son cifras utilizadas para dar un soporte creíble a los argumentos, en este caso, además reflejan una realidad que es muy difícil de soportar; 36,1% de los niños albergados en los centros no va a la escuela, 48,2% tiene retraso escolar, 55% tiene problemas de salud mental, 41,7% presenta un consumo problemático de alcohol y/o drogas, 58% está con tratamiento farmacológico. 33,2% de los niños no han sido evaluados para un plan de intervención individual, agravada por un déficit de recursos humanos.
El Primer Mandatario ha logrado su primer acuerdo nacional, con la voluntad de una intervención sistemática, un cambio de modelo, para entregar a los niños que han perdido su hogar algo que se parezca a éste lo más posible, donde se pueda recuperar el sentimiento de la vida en familia, entre casi un centenar de otras iniciativas, las cuales se estructuran en tres ejes de acción: protección universal, en cuanto a promover el desarrollo integral; protección a los menores en riesgo de vulneración de derechos; y restitución de derechos a quienes ya han sido vulnerados.
La verdad del Sename muestra una situación que nuestro país no puede aceptar, no es posible para una sociedad que aspira a una posición digna en el concierto de las naciones desarrolladas. Los niños vulnerables de Chile merecen toda la atención del Estado, no es una dádiva, es un elemental y prioritario deber que ha sido asumido transversalmente.