La sociedad chilena ha dado indudablemente grandes pasos hacia la modernidad, a pesar de existir todavía barreras de considerable fuerza ante las diversidad, la integración y la aceptación de minorías, hay avances notables, por lo menos en la apertura de espacios para la discusión, o la posibilidad de hacer presente situaciones de conflicto en igualdad de términos, abiertamente y directamente, sin embargo, los temas relativos a la sexualidad todavía están sometidos a censura, el sexo sigue siendo una palabra de difícil administración.
No se trata de solo la liberalidad en el uso del lenguaje, se trata de enfrentar a plena luz del día situaciones derivadas de la falta de madurez o de cultura en lo relativo a la sexualidad, o situaciones que tienen que ver con este aspecto de la conducta humana. Así ocurre con los delitos de esta naturaleza, que no tienen un correlato adecuado en la legislación, atrasada con respecto a la evolución de la sociedad, negando situaciones de diaria y grave frecuencia.
La mayor apertura puede explicar que se conozca con mayor amplitud hechos que se silenciaban por vergüenza o falso sentido de honorabilidad, en términos concretos y por ejemplo, lo que ocurre con las denuncias por delitos sexuales. Así, el Ministerio Público recibió denuncias de 22.540 casos, y de ellos, alrededor de 11 mil que correspondían a víctimas menores de 14 años, con el agravante, si cabe, de que un 30% estaban en el rango de 8 a 13 años y el 20% restante con menos de 7 años de edad, una realidad definitivamente intolerable.
El director de la unidad especializada de la Fiscalía Nacional, informa lo que la ciudadanía sospecha en términos generales; “históricamente, estos delitos afectan más a los niños menores de 14 años. Tienen algún grado de vulnerabilidad y sus agresores son personas cercanas: el tío, el padrastro, el profesor, el cura”. Hay una disminución de delitos que afectan a niños y niñas de mayor edad, ya que cuando tienen más de 14 su capacidad de relato e identificación de conductas inapropiadas actúa como elemento disuasivo.
La otra realidad que no termina de desplegar su magnitud es el abuso sexual de mujeres, las denuncias, por abuso sexual durante 2016, según cifras de Fiscalía Nacional, fueron de 15.385 y por violación de 4.762, cifras que incluyen las causas que han sido archivadas y no se están investigando. Pero eso convive con una “cifra negra”, casos que nunca entran al sistema y que por lo mismo no se saben cuántos son ni de qué tipo.
Hay organizaciones, como la Fundación Para la Confianza, que informan que un 56 por ciento del total de 246 casos que han llegado a pedirles ayuda entre abril y noviembre del presente año cuenta experiencias de abuso sexual; un 30 por ciento han sido víctimas de violación. En el 90 por ciento de esos casos los hombres son los victimarios y del total, solo un tercio ha hecho una denuncia formal en Carabineros, centros de salud, Fiscalía o PDI. La mayoría de los casos están prescritos y de los que no lo están, “solo el 10 por ciento llega a sentencia”.
Es realmente asombroso que ante este oscuro panorama se esté todavía en la fase de declaraciones, que no se efectúe en el Parlamento una discusión abierta y convencida para la dotar a la ley de armas para cambiar esta insoportable realidad. Los avances que se esperan no debieran quedar detenidos hasta la próxima tragedia.