Desde la Seremi del Trabajo, la CPC Biobío y gremios de trabajadores coincidieron en que los cambios al procedimiento permitirán enfocar los recursos en casos reales de acoso y violencia sin debilitar la protección de los denunciantes.
Lo que debes saber
El Gobierno reingresó a la Contraloría General de la República las modificaciones al reglamento de la Ley Karin. Según el Ministerio del Trabajo, la iniciativa busca robustecer la certeza jurídica tanto para los trabajadores como para los empleadores, una postura que fue respaldada por representantes sindicales y del sector empresarial en la Región del Biobío. La discusión previa había estado marcada por el impacto negativo de las denuncias que no correspondían a la normativa y la falta de certezas en el proceso.
Al respecto, la seremi del Trabajo y Previsión Social del Biobío, Camila Álvarez, explicó: “Como gobierno del Presidente José Antonio Kast, nuestro compromiso absoluto es asegurar espacios laborales estables y seguros. Por ello, el reingreso del reglamento de la Ley Karin busca robustecer la certeza jurídica para trabajadores y empleadores”.
Entre las novedades del reglamento, desde la Seremi destacaron puntos clave: “Primero, se precisa el plazo de investigación a 30 días contados desde la denuncia o desde su complemento, lo que permite establecer un tiempo razonable para la indagatoria”.
En segundo lugar, Álvarez añadió que “las denuncias dirigidas al empleador o representante legal de la empresa deberán realizarse únicamente a través de un organismo imparcial, como un superior jerárquico o una empresa externa que garantice la objetividad, o mediante la Dirección del Trabajo, siempre que la víctima lo acepte. Anteriormente, la única vía era la Dirección del Trabajo”.
Foto: Archivo DC
Asimismo, la autoridad regional sostuvo que las medidas de resguardo para las empresas, especialmente para las pymes, se podrán adoptar dentro de los tres días hábiles posteriores a la denuncia. “Esto nos permite adaptarnos a la realidad de cada lugar de trabajo con las medidas más idóneas para la persona afectada”, acotó.
La seremi recordó que, a casi dos años de la entrada en vigencia de la Ley Karin, el balance realizado en agosto dio cuenta de que un número sustancial de denuncias fueron desestimadas. “Lo que estamos haciendo es despejar la burocracia que entrampaba las investigaciones, entregando plazos claros para subsanar errores y garantizando que los recursos del Estado se enfoquen con urgencia y rigurosidad en los casos reales de acoso y violencia, protegiendo de mejor manera a los trabajadores y dando certeza a las empresas que cuidan sus ambientes laborales”.
Desde el sector de los trabajadores, Iván Montes, vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria Regional, afirmó que los cambios al reglamento muestran una tendencia a ordenar la calidad de las denuncias: “Se busca evitar a toda costa los testimonios infundados, que en muchos casos causan un gran daño cuando no se sustentan en hechos reales”.
“La modificación regula también la participación de los sindicatos y la admisibilidad de las denuncias, generando un equilibrio. Esto no significa deslegitimar los reclamos, sino establecer mecanismos de certeza para que tanto denunciantes como denunciados cuenten con garantías en las investigaciones internas o en las que instruya la Dirección del Trabajo. Estaremos atentos al debate, pero todo lo que tienda a regular el ejercicio de esta ley nos parece positivo”, agregó Montes.
Por su parte, Gian Piero Lavezzo, presidente del Comité de Género y Liderazgo de CPC Biobío y socio gerente de AD Consulting, señaló que las modificaciones van en la dirección correcta. “Corrigen problemas reales detectados en casi dos años de aplicación, sin debilitar la protección de quien denuncia. Las cifras lo muestran: entre agosto de 2024 y junio de 2026, la Dirección del Trabajo recibió más de 92 mil ingresos asociados a la Ley Karin, pero más del 50% no calificó para seguir por esa vía, ya fuera por tratarse de otras materias, por duplicidades o por falta de antecedentes mínimos. Eso es precisamente lo que el nuevo reglamento busca ordenar”, afirmó.
Lavezzo añadió que “para las empresas, el valor radica en contar con reglas más claras: un plazo de cinco días para complementar antecedentes, evitar investigar dos veces los mismos hechos, saber cómo actuar cuando uno de los involucrados deja la organización y derivar a otros procedimientos internos lo que no corresponda a la Ley Karin. Esto reduce la carga administrativa, otorga certeza jurídica y permite concentrar recursos donde realmente se requieren”.
El dirigente gremial profundizó en que, desde una perspectiva de género, “es clave que una denuncia no acreditada no se presuma de mala fe. Dos de cada tres denuncias investigadas son presentadas por mujeres, y el temor a represalias no puede ser una barrera para denunciar. La Ley Karin no se cumple solo con un procedimiento, sino con una cultura de respeto, lo que también incide en la productividad”.
Humberto Miguel Cerda, presidente de la Asociación de Empresas, Asem, sostuvo que ven de forma muy positiva que se busque corregir las variadas dificultades que ha tenido la aplicación de la Ley Karin. “Las pymes necesitamos procedimientos claros, oportunos para proteger a nuestros trabajadores. Es fundamental proteger a los trabajadores que denuncian y resguardar el debido proceso para todos. Es importante distinguir una denuncia que no logra acreditarse de una presentada deliberadamente para perjudicar. Y en ese contexto, las modificaciones a esta ley es un requerimiento necesario para que se siga aplicando de buena forma esta ley.”
La Región del Biobío concentró el 4,1% de las denuncias por Ley Karin que avanzaron a la etapa de investigación en el país desde la entrada en vigor de la ley, de acuerdo con el último informe estadístico de la Dirección del Trabajo (DT).
El documento contabilizó 601 denuncias en la región entre el 1 de agosto de 2024 y el 30 de junio de 2026. Con esta cifra, el Biobío se ubicó por debajo de la Región Metropolitana (4.207 casos), Valparaíso (2.252), Antofagasta (1.058), La Araucanía (984) y Maule (962).
La estadística regional se compuso de 234 denuncias que pasaron a indagatoria en los primeros meses de aplicación de la norma, 316 durante 2025 y 51 entre enero y junio de 2026.
A nivel nacional, la DT registró 92.643 ingresos asociados inicialmente a materias de la Ley Karin en dicho periodo. De ellos, 32.565 (35%) fueron clasificados para continuar su tramitación bajo esta normativa; 48.505 (52%) no continuaron por esta vía al no cumplir las condiciones, y 11.573 permanecían pendientes de análisis al 30 de junio.