Entre otros, habría mayor acceso a derechos (DAA) de los pueblos originarios y se desconcentraría su propiedad actualmente en manos de 15 usuarios. Además, se acortaría la formación de Juntas de Vigilancia y existiría mayor certeza jurídica para el sector agrícola regional.
Hace apenas dos días, Félix Bogliolo, socio fundador y CEO de Vía Marina, volvió a la carga con su propuesta de transporte de agua dulce desde el sur al norte del país.
Esto en un nuevo intento por convencer de las ventajas del proyecto que impulsa esta empresa y que busca entre otros, sacar agua desde la desembocadura del río Biobío.
A esto se suma el último informe de la Dirección General de Aguas que establece que en resumen la Región del Biobío presenta en los principales ríos de la Región un déficit promedio de 40.7% para el período abril – marzo, (año hidrológico 2020 – 2021), mientras que el mes de diciembre presenta un déficit de 37.9%. En ambos casos, comparado con el promedio estadístico histórico para igual período de mes.
Pero más allá de las bondades o deficiencias de la propuesta de Vía Marina, o el déficit promedio de los ríos, lo relevante, es que, a partir de la Reforma al Código de Aguas, podrían participar en las decisiones una mayor cantidad de organizaciones de usuarios de aguas y, de esta manera, democratizar los accesos.
¿Qué gana Biobío?
Pese a que corre por una vía paralela existe un anteproyecto de Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua que permitirá entre otros, simplificar y dar mayor acceso a la formación, por ejemplo, de Juntas de Vigilancia.
Esto debido a que acortaría los plazos de formación de estos grupos que hoy tardan en promedio 10 años en constituirse formalmente según explica José Luis Arumi, exdecano y actual académico e investigador de la Universidad de Concepción.
Un segundo aspecto positivo derivado de la Reforma al Código de Aguas, en la visión de Arumi, tiene que ver con que “en Biobío existe un fuerte componente de pueblos originarios donde con la reforma (al Código de Aguas) se integraría el concepto de relación entre el agua y el suelo de los pueblos originarios”.
En esta línea, señala que la nueva normativa integra aspectos ambientales a través de los derechos de preservación del medioambiente y la consideración de la visión de los pueblos originarios. (Ver recuadro Aporte de pueblos originarios).
Es por ello, que la reforma, agregaría valor lo existente.
Concentración de derechos
De acuerdo con el exdecano de la UdeC, la modernización que implicaría la Reforma, traería aparejada una menor concentración de los Derechos de Agua no consuntivos (Hidroeléctricos).
“En la Región tenemos personas y empresas con una cantidad enorme de derechos de agua que no usan porque se está especulando, donde la Reforma introduce una manera de sancionarlos”, afirma.
Caducidad de derechos “hidroeléctricos”
Según el investigador de la UdeC, la Reforma incorpora, además, la caducidad de los Derechos de Agua no consuntivos cuando estos no se estén utilizando.
Con esto, se amplía el acceso a los derechos de preservación, al que, por ejemplo, podrían aspirar comunidades mapuche cordilleranas.
Por otro lado, comenta que la explicación para que los derechos “hidroeléctricos” estén concentrados en 15 usuarios en la Región, se debe a que hubo muchas adquisiciones cuando la hidroelectricidad era considerada un buen negocio.
De hecho, cuenta que “Endesa, por ejemplo, entregó derechos correspondientes al río Chillán”.
Aguas subterráneas
La formación de comunidades de aguas subterráneas son otro factor relevante para el académico de la UdeC, por cuanto son necesarias para prevenir situaciones futuras.
“Pareciera no ser necesario en Biobío, pero ya hay acuíferos con problemas en el sector de Laja y Coronel donde se requiere la formación de comunidades de aguas subterráneas”, enfatiza.
Gremio agrícola
José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío resalta algunos aspectos considerados relevantes para su gremio.
En primer lugar, señala que se debe considerar, que los agricultores, necesitan del agua para producir alimentos. “Esa es nuestra misión con la sociedad: transformar el agua en comida para nuestra población”.
En tanto lo anterior, dice que no existen otras motivaciones para disponer de los recursos hídricos, sino el riego.
Certeza jurídica
Según Stegmeier, han puesto en la discusión, la necesidad de contar con la certeza jurídica en cuanto a la disposición de los derechos de aprovechamiento de agua, ya que, de lo contrario, “por la propia naturaleza de lo que es la actividad productiva del campo y por ser además inversiones de largo plazo, precarizar esta disposición, sin duda, redundará también en precarizar estas inversiones”.
Agrega que es absurdo pensar que el agricultor pueda pretender tener los derechos de aprovechamiento sólo por tenerlos o para especular, ya que el agua, aunque se derive desde la fuente de origen a un cultivo, “mantiene su condición de eterno escurrimiento, ya sea hacia el subsuelo o a los cursos superficiales de carácter natural, en un ciclo en que nada se pierde, sino que todo se mantiene en equilibrio”.
En este balance, expresa que, lógicamente, la prioridad la tiene el ser humano y el entorno ambiental y ecológico. Desde esta perspectiva, la producción de alimentos es una necesidad básica.
Adicionalmente, resalta que “consideramos de suma importancia que esta reforma priorice disponer de aguas para riego de manera segura y constante, con los respaldos jurídicos que garanticen la propiedad plena de los derechos de aprovechamiento, de tal manera se pueda lograr un desarrollo sostenible y de largo plazo en esta vital obligación de producir alimentos para los chilenos y para los mercados internacionales”.
Fedefruta
El presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela Trebilcock, en una conversación anterior con Diario Concepción, manifiesta que “tenemos pendiente la construcción de embalses, la tarea de la recuperación de acuíferos o instalar plantas desalinizadoras”.
Del mismo modo, llama la atención acerca de que “cada región frutícola tiene una configuración geográfica distinta, estados distintos en el desarrollo de infraestructura hídrica, por lo que las soluciones deben nacer desde las necesidades vistas en cada lugar”.
Junto con lo anterior reconoce que “se necesita la menor burocracia posible, hoy existen más de 40 instituciones gubernamentales vinculadas al agua, lo que ha hecho muy ineficiente la conversación y la toma de decisiones para solucionar la crisis por la escasez de agua”, añadió el timonel del gremio.
Por último, Valenzuela indica que “hoy, más que nunca debido a la pandemia, es importante pensar en la revalorización de la agricultura, para el bienestar de la población, dado que somos un motor para abastecer alimentos, de empleo y desarrollo descentralizado para las regiones”.
Perspectiva legal
Jorge Canals, abogado experto en temas de Medio Ambiente, es licenciado en Derecho de la Universidad Católica de Chile, Magíster en Derecho UC-LLM Mención Derecho Regulatorio, PUC.
Además, es exsubsecretario de Medio Ambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Para Canals, entre los aspectos más relevantes a destacar de la Reforma al actual Código de Aguas plantea en primer término que ha sido demasiado extenso el periodo durante el cual se ha estado tramitando en el congreso, donde ya han transcurrido más de 9 años.
Esto, según el abogado, daría cuenta de la cantidad de intereses y presiones que existen al momento de tratar realizar modificaciones profundas de un bien tan esencial para el soporte de los ecosistemas y la vida humana.
En su visión, lo más importante debiera ser establecer las prioridades del uso del agua como es para agua potable, saneamientos, actividades de subsistencia y especialmente para la preservación y recuperación de los ecosistemas.
Además, considera relevante que se precisen condiciones de extinción y caducidad de los derechos de aprovechamiento que no están siendo usados y que están saliendo a remate, pero de una manera más agresiva para evitar el acaparamiento.
También dice que debieran revisarse materias como caudales ecológicos mínimos y acciones que protejan las cuencas, acuíferos subterráneos y humedales.
Que las concesiones de derechos de agua sean lo más temporales posibles; fortalecer la institucionalidad pública tanto para la recolección de información respecto de balances hídricos, de los derechos otorgados y mejorar la capacidad de fiscalización de la DGAo la institución que en su momento asuma esa competencia.
Eficiencia hídrica de pueblos originarios
Entre las “riquezas” de los pueblos originarios además de su cultura se encuentran las tecnologías usadas para una gestión eficiente del agua.
En este ámbito, Milka Castro, directora del Programa Antropología Jurídica de la Facultad de Derecho e investigadora de la Universidad de Chile cuenta con un extenso y reconocido trabajo.
Son notables los sistemas de irrigación que han creado para su conservación, utilizando técnicas de protección de heladas, de ampliación de superficies e incluso siembra de especies de mayor valor nutritivo para el ganado (llamas y alpacas), todo ello a la vez va conformando una sólida base de ecosistemas andinos junto con el almacenamiento a través de humedales.
Cosecha de Agua: Innovación que busca generar un amplio impacto social
Un amplio impacto social orientado principalmente a las zonas afectadas por la sequía espera tener la familia penquista fundadora de la empresa Cosecha Agua.
Se trata de un emprendimiento apoyado por Incuba UdeC que obtuvo el noveno lugar, entre 600 competidores, al concurso internacional Idea Viva Schmidheiny.
“Son sistemas de recolección, descartado, filtrado, clorado y almacenamiento de agua de lluvia para uso agrícola, industrial o doméstico, que funciona como alternativa hídrica para personas que sufren la sequía, que no tienen agua potable o redes sanitarias”, explica Janis Gómez Domedel, cofundadora de Cosecha de Agua Sustentabilidad y Eficiencia hídrica, Gómez y Fernández SPA.
La innovación radica en que “actualmente las instalamos con piezas que adaptamos, pero tenemos prototipado un kit desarrollado por nosotros, el cual una vez que esté fabricado de manera industrial será de fácil instalación para el cliente y tendrá un costo menor”.
Respecto de la inversión realizada hasta la fecha, “en tiempo, llevamos al menos 3 años, más de 5 millones en recursos propios y actualmente fondos Semilla Inicia de Corfo”, detalla la emprendedora.
En cuanto al monto del Semilla Inicia, son “$15 millones. Es un cofinanciamiento, donde nosotros tuvimos que aportar $5 millones y Corfo aportó otros $10 millones”.
Acerca de cuánto cuesta una instalación promedio con su kit, Gómez dice que “en Biobío $1.500.000, fuera de la Región aumenta por los costos de transporte, principalmente”.