Orden, deuda y reactivación marcan el análisis económico regional.
A poco de haber sido electo Presidente de la República, José Antonio Kast comenzó a delinear las primeras señales de lo que será su política económica, situando en el centro del debate el anunciado recorte fiscal de US$6 mil millones.
La propuesta, formulada durante la campaña presidencial abre interrogantes relevantes sobre su viabilidad, su impacto macroeconómico y, particularmente, sobre las posibles repercusiones que podría tener en regiones como el Biobío a partir de 2026, año clave para la consolidación del nuevo ciclo político y económico.
Desde el entorno del Presidente electo se ha insistido en que el ajuste fiscal tendrá un carácter gradual y estará distribuido entre medidas administrativas y cambios legales. El propio Kast explicó que “los US$6 mil millones van a ir US$3 mil millones por medidas administrativas y US$3 mil millones por vía legislativa, porque tenemos que hacer ajustes que pasan por ley”, subrayando además que los cambios más profundos se verán reflejados en la Ley de Presupuestos de 2027, donde según afirmó, se realizarán “ajustes importantes”.
Consultado por la posibilidad de introducir indicaciones en esa instancia, fue enfático al señalar que su sector no asumirá responsabilidades que corresponden al actual Ejecutivo.
“Nosotros no le vamos a hacer la pega a este Gobierno”, afirmó en relación a la administración vigente, aunque precisó que sí presentarán indicaciones de rebaja presupuestaria, tal como lo han hecho en años anteriores, manteniendo así una línea de oposición activa en materia fiscal.
Desde la Región del Biobío, académicos y especialistas observan estos anuncios, conscientes de que cualquier ajuste fiscal de magnitud nacional puede tener efectos diferenciados a nivel regional.
Uno de los detalles de alta consideración es la reciente proyección del Banco Central (BC) sobre que “la inflación llegaría a la meta de 3% en el primer trimestre de 2026. Esto considera un comportamiento más favorable de algunos factores de costos, en un contexto en que los riesgos para la convergencia inflacionaria se han reducido”.
Claudio Parés, jefe de carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Concepción, contextualiza el debate recordando que en Chile la estabilidad de precios ha descansado históricamente en la autonomía del Banco Central (BC).
Según explica, la política monetaria ha cumplido su rol de manera efectiva durante el último cuarto de siglo, sin requerir un apoyo directo del Ejecutivo en el control de la inflación.
Para Parés, el foco de preocupación respecto del próximo gobierno no está tanto en la inflación, sino en la capacidad del Ejecutivo para sostener la actividad económica y el empleo sin afectar de manera significativa la inversión.
Carolina Echagüe.
En esa línea, advierte que el principal desafío estructural es el nivel y la composición de la deuda fiscal. A su juicio, Chile enfrenta un endeudamiento que duplica el nivel deseable de largo plazo y, además, presenta un déficit mayoritariamente estructural y no transitorio, lo que hace más compleja su corrección.
Desde esta perspectiva, una rebaja del gasto fiscal equivalente a entre un 3% y un 5%, como la que implicaría el ajuste de US$6 mil millones, tendría efectos claros sobre la inflación, reduciendo presiones de precios, pero también limitaría el impulso a la actividad económica y al mercado laboral.
Una mirada más crítica aporta el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, José Ignacio Hernández. Para él, una reducción del gasto fiscal debe interpretarse principalmente como una señal política más que como una medida económica concreta.
Hernández advierte que el anuncio puede resultar contradictorio en la práctica, considerando que el Estado enfrenta compromisos relevantes, especialmente en materia de seguridad pública, que demandan mayores recursos. En ese contexto, reducir el gasto mientras se mantienen o amplían estas obligaciones genera tensiones difíciles de resolver.
El académico de la UCSC agrega que el escenario se vuelve aún más delicado si se considera la intención del nuevo gobierno de reducir impuestos a las empresas. En su análisis, la combinación de menor gasto público y menor recaudación configura una situación riesgosa para la posición fiscal del país, dificultando la implementación efectiva de políticas públicas.
Hernández también relativiza el impacto inflacionario de un ajuste fiscal, señalando que la inflación está más asociada al comportamiento del consumo privado que al gasto del Estado.
El verdadero efecto, sostiene, dependerá de la reacción del sector privado frente a los incentivos tributarios: si estos logran dinamizar la inversión y el empleo, podría observarse una reactivación; de lo contrario, un mal diseño podría incluso generar episodios de sobrecalentamiento económico.
Una visión más favorable al ajuste es la que plantea Andrés Acuña Duarte, director del Magíster en Economía Aplicada de la Universidad del Biobío.
El académico precisa que la cifra de US$6 mil millones corresponde al valor presente de la reducción de ciertos ítems del gasto fiscal a lo largo de los cuatro años de mandato presidencial, es decir, al total de recursos que el Estado dejaría de gastar durante ese periodo.
Según recuerda, el propio Kast ha señalado que las medidas para alcanzar este objetivo se implementarían tanto por vía administrativa como a través del Congreso Nacional, en un plazo aproximado de 18 meses, lo que implica que mientras antes se concreten, mayor será el impacto del ajuste.
Acuña considera que la reducción propuesta puede contribuir positivamente a la estabilidad macroeconómica y a la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.
Advierte que la discusión sobre el crecimiento de la deuda pública es inevitable, especialmente considerando que en los últimos 12 años la relación deuda/PIB ha aumentado de forma sistemática, alcanzando un 41,7% en 2024, mientras el déficit fiscal promedio se sitúa en torno al 2,8%. Este escenario ha elevado el pago de intereses de la deuda a un 4,9% del gasto total, equivalente al 1,2% del PIB, cifra que representa cerca de dos tercios del ajuste fiscal propuesto.
En cuanto al desempeño económico regional, Acuña proyecta un escenario mixto para el Biobío en 2026. Por un lado, el sector forestal podría experimentar un repunte si la política monetaria más expansiva de la Reserva Federal contribuye a reactivar el mercado inmobiliario y la construcción en Estados Unidos, principal destino de las exportaciones forestales.
En este contexto, destaca la importancia de fortalecer las relaciones comerciales con la principal economía del mundo y de avanzar en negociaciones que mitiguen eventuales políticas arancelarias.