El pasado 11 de septiembre se registró el atentado terrorista número 212 a una faena forestal, afectando esta vez a la empresa contratista Forestal Cerda, donde se secuestró a trabajadores en el bus que los trasladaba, el que posteriormente fue quemado junto a cinco equipos de producción.
Según la Asociación de Contratistas Forestales A.G. estos hechos afectan a trabajadores y a sus familias de manera permanente hace siete años, “los que han debido soportar y sufrir los efectos de la violencia destructiva, brutal y sin ningún tipo de control, alterando de manera sustancial el lugar y el ambiente de su trabajo”, señaló el gerente de esta asociación gremial, René Muñoz.
Y agregó: “La pasividad cómplice del Estado chileno, ha ayudado a que grupos violentistas se desarrollen y proliferen en los territorios del sur del país y vulneren con su actuar, todos los derechos humanos de los trabajadores forestales, a vista y paciencia de las instituciones cuya labor es preocuparse de apoyar y defender los derechos de todos los habitantes de este país.”
Es por ello que el dirigente emplazó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “cuyo funcionamiento se financia con los impuestos que pagan esos mismos trabajadores que han resultado golpeados, secuestrados, heridos, atemorizados y sometidos a permanentes violaciones de sus derechos humanos”.
Muñoz se preguntó también: “¿Qué está esperando el INDH para cumplir con su función y defender a los trabajadores forestales?, ¿los derechos humanos de nuestros trabajadores pueden seguir vulnerándose de manera permanente sin que a nadie le importe? Me pregunto si hay que tener una posición política para que se dignen a considerarlos, ¿hay preferencia o selección de algunas víctimas sobre otras? No hemos escuchado nunca al Sr. Sergio Micco, director del instituto, referirse a las violaciones de los derechos humanos de los trabajadores forestales, a pesar de haberlo planteado a la oficina regional del Bío Bío.”
Finalmente el dirigente planteó que es urgente que esta institución considere lo que ocurre en el sur del país y ponga por delante los derechos humanos de todas las personas sin excluir a nadie, “es la única manera de que nuestros trabajadores, sus familias y los contratistas forestales tenemos para poder creer que en Chile las instituciones siguen funcionando,” agregó.