En condiciones de ser promulgado por el Gobierno quedó el proyecto que modifica la ley sobre protección de la vida privada, prohibiendo informar en plataformas como Dicom las deudas contraídas para financiar estudios.
Tal como, actualmente, se prohíbe publicar información sobre deudas de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas, con esta normativa tampoco podrá hacerse con las deudas contraídas con instituciones de educación superior, informó la sala de prensa de la cámara baja.
También incluye los compromisos adquiridos con bancos o instituciones financieras o las líneas de financiamiento a estudiantes administradas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).
El texto aprobado señala que estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de los 180 días posteriores a la publicación de la ley, fecha desde la que los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican este tipo de información deberán eliminar todos los datos relacionados.
Según el último informe Deuda Morosa, publicada por Dicom en el segundo trimestre del año 2018, casi 180.000 chilenos y chilenas estaban informados por alguna deuda derivada de la prestación de servicios educativos, lo que corresponde a un 4% de los deudores morosos del país.