Desde que se iniciaron las demandas ciudadanas, a finales de octubre, han ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental 10 proyectos, siendo diciembre el que concentra la mayor cantidad en medio de la “incertidumbre”.
La palabra que más se escucha en estos momentos en el mundo de los inversionistas es la de “incertidumbre”. Una que la opinión pública conoce muy bien. Algunos expertos consideran que muchas veces se mal utiliza. Se le asigna, incluso, una carga ideológica y dogmática.
Es que durante muchos años se le pregonó con muchos fines, especialmente de un sector que no veía con buenos ojos el gobierno anterior. “No están las condiciones para invertir”, decían desde los pasillos. Prueba de ello eran los resultados de las encuestas Iper.
Y cuando las empresas querían ejecutar sus proyectos y no pasaban los requisitos de la normativa ambiental, argumentaban que había inflexibilidad, cuando en realidad, de acuerdo a un estudio de Desarrolla Bío Bío, a muchas se les rechazaba por no postular debidamente o por no cumplir los requisitos mínimos.
Finalmente, cuando llegó un sector más afín para poner en marcha los planes, nadie prestó mucha atención a los negativos indicadores sociales, unos que venían de arrastre, pero que no se toleraron en un mandato que no logró la sintonía de los trabajadores (como lo revelan las bajas aprobaciones de encuestas como Cadem y Criteria Research), ante una serie de acciones como fue, en su momento, el rechazo a la Ley de 40 horas.
Entonces vino el llamado “18-O”. Un escenario que ni el más pesimista de los analistas pudo colocar en la mesa, salvo Fernando Duque, académico chileno radicado en Estados Unidos que en 2017 pronosticó con certeza el colapso político y económico.
El frenazo de la inversión se tradujo que desde fines de octubre sólo 10 proyectos de inversión ingresaran al sistema del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA Bío Bío, para adquirir las aprobaciones que la normativa vigente solicita.
Todos suman US$ 178 millones, es decir, unos $135 mil millones. La mayoría de ellos ha ingresado en diciembre con cinco iniciativas (eso sí, una fue rechaza en primera instancia).
En octubre sólo uno entró en los momentos de complejidad social. Mientras que en noviembre solamente cuatro se atrevieron a solicitar tramitación en el sistema.
Si bien diciembre se puede interpretar como un periodo de “brotes verdes”, el director del Centro de Estudios de la Realidad Regional, Renato Segura, dijo que se debe tener cuidado con las proyecciones (especialmente con las profecías negativas autocumplidas), pero coincide en que toda inyección de gasto interno es sinónimo de buena señal.
“La actual crisis política y social no ha terminado. El plebiscito para una nueva Constitución ha impuesto un compás de espera en materia de inversión”, aclaró.
Añadió que “la incertidumbre en las reglas para invertir, afectan a la disposición de los inversionistas” y que “hoy día la suerte del futuro económico del país, no depende del comportamiento de las variables económicas, sino que también de las sociales internas”.
Es por ello que llamó a aprender de Perú. “A pesar de la crisis política y social, ha mantenido por un carril distinto las variables que afectan a su desarrollo económica”.
Es por ello que Segura resaltó que el país tiene el desafío de dar “solución a las demandas sociales en un ambiente favorable a la inversión”.
El seremi de Economía Bío Bío, Mauricio Gutiérrez, coincide en que se debe llegar a un consenso social y pidió confiar en la zona. “La Región del Bío Bío sigue siendo una de las mejores, o sino la mejor, para poder acoger las inversiones. Para ello hay muchos ejemplos: hay un sector inmobiliario muy dinámico, muchos otros pendientes de ejecutarse en el área energética como eólicas y fotovoltaicas. También, está la evaluación del Puente Ferroviario. Hay un ambiente de necesidad de infraestructura. Igualmente hay un ambiente macroeconómico, en que se habla que puede ser el 2020 un muy buen año para el cobre y la celulosa”.
Ilustración: Andrés Oreña P.