Organización civil enfatiza algunas demandas socio-ambientales desde el punto de vista de las políticas públicas.
Las temáticas socio-ambientales existentes en nuestro país también son parte de las demandas que tienen hoy a los habitantes de Chile manifestándose en las calles.
Siendo el foco del gobierno la reactivación de la agenda económica, así como la implementación de algunas mejoras sociales y la generación de fuentes de empleo desde el sector privado, al parecer no es un asunto prioritario solucionar estructuralmente los problemas y conflictos socio-ambientales. Tampoco para buena parte del sector empresarial que desarrolla proyectos de alto impacto ambiental, según evaluación de Fundación Terram, una organización de la sociedad civil pensada para la creación de una propuesta de modelo de desarrollo país. La fundación ha expresado las principales temáticas de importancia ambiental que es necesario resolver a la brevedad:
En primer lugar, se debe firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú para avanzar en la generación de espacios de diálogo informados e instancias de participación significativas por parte de la sociedad civil en distintos niveles, logrando así una mayor incidencia en el proceso de toma de decisiones en asuntos ambientales, dijo Terram.
Además, es clave modificar el actual Código de Aguas en términos que, al menos, se reconozca el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano y se establezca una priorización de usos del componente hídrico que privilegie el consumo de las personas, releve la importancia del mantenimientos de los ecosistemas y garantice el acceso al agua en economías de subsistencia, tanto para los nuevos derechos como para los ya otorgados.
La Fundación considera importante implementar un plan de acción integral que garantice el fin de las llamadas “zonas de sacrificio”, considerando el cierre y desmantelamiento, en el corto plazo, de centrales termoeléctricas a carbón así como un cronograma definido para la revisión, actualización o, en su caso, elaboración de nueva normativa sobre calidad del aire de acuerdo a estándares de la OMS.
Por último, se pide la retirada de tramitación legislativa diversos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo que insisten en una visión privatizadora de los componentes ambientales y, en su mayoría, en una reducción del rol estatal frente al resguardo de la iniciativa privada.