Las causas podrían ser desde la ausencia de información adecuada, la barrera idiomática, hasta falta de adecuación comercial por parte de las empresas frente a la ola migratoria.
Durante el año 2018, Sernac recibió 3.092 reclamos asociados a consumidores extranjeros, un 36,5% más que en 2017, y cuyos puntos más altos se registraron durante los meses de marzo (533) y mayo (467), según detalla el estudio del servicio Radiografía del consumidor migrante.
De éstos, el 3,8% de ellos fue realizado por ciudadanos venezolanos, seguidos por argentinos y colombianos, con 14,2% y 9,2%, respectivamente.
Al considerar casos en los que el proveedor acoge el reclamo del consumidor, se puede observar que los ciudadanos chilenos presentan un 53,1% de respuesta favorable en sus solicitudes, contra un 35,2% que presentan los consumidores extranjeros para el mismo tipo de respuesta.
Por otro lado, en relación a proveedores que no acogen la solicitud efectuada por los consumidores, ciudadanos chilenos presentan un porcentaje de respuesta negativa de un 38,7%, mientras que ciudadanos extranjeros presentan un 32,7% en el mismo tipo de respuesta.
Finalmente, un 32,1% de los reclamos no presentan respuesta para los ciudadanos extranjeros, versus un 8,2% para los ciudadanos chilenos, considerando el mismo cierre de caso.
La socióloga y académica de Ingeniería Comercial de Universidad San Sebastián, Alina Muñoz, recordó que durante el año 2018 la población de inmigrantes en Chile llegó a 1.251.225 personas, cifra inédita en nuestra historia como país y que representa actualmente el 6.6% de la población nacional. Dentro de la comunidad inmigrante destacan en cantidad las ciudadanas y ciudadanos de origen venezolano y haitiano con un 23% y 14.9% de presencia, respetivamente.
“Podemos hipotetizar algunas respuestas. Lo primero es plantear que quizás la población migrante en Chile no se encuentra correctamente informada respecto de lo que compra y de los servicios que utiliza. Segundo, que eventualmente los consumidores extranjeros no cuentan con el conocimiento necesario para la toma de resoluciones que implica un proceso de decisión de compra; y tercero las barreras culturales a las que se enfrentan las y los migrantes que se instalan desde cuestiones como la lengua, las relaciones interpersonales, el trato, el tipo de productos demandados, la oferta, etc.”
También, añadió, puede ser causa un sistema comercial e institucional que no ha sabido adaptarse al sorpresivo arribo de la comunidad extranjera. Frente a ello, dijo, se debiesen establecer políticas públicas que faciliten y orienten el consumo seguro de la comunidad migrante, que además incorporen elementos culturales e idiomáticos y que desde esa óptica sean inclusivos y, por otro lado, reforzar que cada una de las empresas e instituciones están obligadas a cumplir con los más altos estándares para no afectar la salud o seguridad de las personas al comprar productos o contratar bienes, sean estas chilenas o extranjeras, planteó la socióloga.
