Economía y Negocios

Bernardo Larraín, presidente de Sofofa: “La discusión de las reformas se ha alargado más allá de lo razonable”

El representante del gran empresariado aseguró que el proceso político no ha sido capaz de encausar las legítimas demandas, y dar con soluciones a largo plazo y con calidad técnica, creando un factor local que atenta contra el crecimiento.

Por: Javier Ochoa 18 de Agosto 2019
Fotografía: Carolina Echagüe M.

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, estuvo en la zona, y aprovechó de verificar en terreno el avance de las obras de una de las dos inversiones más altas que se concretan hoy en Chile, proyecto Mapa, de la empresa Arauco.

-¿Cómo analiza Sofofa el actual momento económico?

-Sigue extendiéndose esta guerra comercial tan dañina para economías tan abiertas y pequeñas como la chilena. Pero lo más relevante es correr la aguja de nuestro crecimiento a largo plazo, nuestra capacidad de crecer, y por eso es tan importante modernizaciones institucionales, regulatorias, las reformas cuya discusión se alargado más allá de lo razonable, lo que sin duda genera un factor local al menor crecimiento, no necesariamente cíclico, porque cuando uno piensa en reformas institucionales estamos hablando de potencial de crecer, un proceso más largo y relevante que fijarse en los crecimientos trimestrales.

-Qué explica la excesiva tramitación legislativa en el caso de las reformas

-Hemos dicho que el proceso político a través del cual interactúa el Gobierno, su coalición, con la oposición en el parlamento, es un proceso que tiene ciertas grietas en su capacidad para procesar las demandas legítimas de una ciudadanía más exigente, y transformarlas en soluciones de largo plazo y con calidad técnica.

-¿Por ejemplo?

-El tema de los medidores eléctricos, donde el Congreso aprobó por unanimidad la instalación, pero fue la misma instancia que no supo responder cuando las personas preguntaban, legítimamente, por qué tienen que pagar ellos. Entonces, al final se reacciona contra una medida que el mismo sistema político había aprobado.

Lo vemos también en el desafío laboral, donde se trata simplemente de adaptar nuestro marco regulatorio tanto a las preferencias de las personas que son mucho más diversas que antes, como también a los nuevos modelos productivos que tiene el siglo XXI, que son mucho más flexibles y dinámicos. Entonces, si nos cerramos a esa realidad, estamos facilitando las cosas para que Chile no se una a la cuarta revolución industrial. Esta discusión que es compleja y sistémica, sobre cómo modernizamos nuestro marco laboral, se traduce en un proyecto de ley que ingresa una diputada que tiene una sola línea. En eso se traduce una discusión tan compleja. Y entre medio aparecen algunos parlamentarios oficialistas que dicen que apoyan ese proyecto de ley, porque simplemente aparece una encuesta donde las personas, naturalmente, prefieren trabajar menos horas. Pero creo que los chilenos saben que es mucho más importante que acortar la jornada, lograr flexibilidad y que entre empleado y empleador pacten un sistema que sirva a ambos, y lograr así una mayor productividad.

-¿Pero ya se bajó de 48 a 45 sin grandes efectos?

-Primero se hizo gradualmente y es menor la magnitud de la baja. Además, no teníamos la automatización. El parlamento debe mirar directamente lo que está pasando en el mundo, los cambios tecnológicos, la automatización. Mientras menos flexible sea nuestro marco laboral, menos seremos capaces de adaptar nuestro mercado laboral a esa realidad.

-¿Cómo analiza la actual normativa ambiental y su rol en el anhelo de un desarrollo sostenible?

-Es el principal filtro por donde pasa la inversión en Chile y creemos debe ser modernizada. Ya hay un proyecto de ley en el parlamento y esa discusión debe enriquecerse y mejorar. El desafío es que sin bajar, incluso subiendo los estándares ambientales, y reforzando la participación ciudadana temprana, se puedan ofrecer certezas de criterios y plazos a los inversionistas. Esto último está más débil. El propio proyecto Mapa demoró 8 años en tramitarse, siendo que la misma empresa desarrolló un proyecto en Estados Unidos donde demoraron dos años. En Australia se demoran dos o tres años, y no podemos decir que esos países tienen mejores estándares ambientales que Chile.

-¿Cuál es su proyección en el tema energético?

-El desafío es convertirnos en un sistema eléctrico renovable, ojalá sin emisiones, pero al mismo tiempo, que sea un sistema confiable, seguro, con capacidad de respaldo, con un sistema de transmisión más robusto que permita evacuar la energía solar, por ejemplo, a los centros de consumo de todo Chile. En la crisis de Essal, se vio que debían prender un motor diésel entre 6 y 11, lo que da cuenta de un desequilibrio, porque no es la única industria que lo hace. Esto visibiliza la necesidad de incorporar al sistema eléctrico más atributos, y hay que decirlo, son los que entregaba, por ejemplo, la generación térmica. Si estamos en un plan de descarbonización, que suscribimos, bueno, reemplacémoslo por fuentes más limpias, pero que puedan producir todas las horas del día.

-¿Están las bases para eso?

-Hay un paso muy importante del Ministerio de Energía que es la Ley de Flexibilidad, que pretende dar las señales regulatorias para incentivar la instalación de otros atributos: almacenaje, respaldo, generación continua. Hoy, esas señales no están, porque hoy existe respaldo, pero si sigue aumentando la participación de estas fuentes variables, se necesita avanzar en este sentido.

No quisiera que tengamos que dar una explicación el año 2025 sobre por qué no fuimos capaces de cerrar las centrales a carbón en el plazo comprometido.

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