Las autoridades regionales y emprendedores valoran esta medida que era esperada por años.
Este 16 de mayo entra en vigencia la Ley de Pago a 30 días y son más de 100 mil empresas las que se verán beneficiadas en la Región del Bío Bío y Ñuble, ante un problema que se pedía resolver hace más de una década.
Es por ello que hay grandes expectativas en el ecosistema emprendedor, ya que contar con flujo de caja para todo negocio es de vida o muerte.
“Me parece una muy buena iniciativa, ya que habría más dinero dando vuelta. Nosotros, por ejemplo, somos locales chicos y a medida que llega dinero, uno compra mercadería”, dijo Marina Gutiérrez de Edith Coll.
Durante la jornada de ayer, las autoridades regionales recorrieron la Galería Colonial, ubicada en Barros Arana 756, centro de Concepción.
Allí entregaron volantes informativos para que dar a conocer las fases y fechas claves de este nuevo marco jurídico.
“Venimos con la Seremi de Economía y Sercotec para difundir lo que será la Ley de Pago a 30 días. A partir del día 16 de mayo, todas las empresas van a tener un plazo para pagar a sus diferentes proveedores en 60 días”, explicó la seremi de Gobierno, Francesca Parodi.
En lo que respecta al sector público, añadió que los 30 días comenzarán a regir desde el próximo mes. “Esto va en directo beneficio de las pequeñas y medianas empresas que buscan, finalmente, lograr mayor holgura económica para desarrollar las diferentes tareas y tener un pago justo”.
Eso sí, la adecuación será con cautela. De ahí que haya una excepción para que las municipalidades y servicios de salud tengan un plazo de dos años (hasta el 2021) para ponerse al día.
“Efectivamente, los municipios y servicios de salud se demoran mucho en cancelar. No así otros como Obras Públicas y Vialidad que lo hacen bastante más rápido”, precisó el seremi de Economía, Mauricio Gutiérrez.
Y advirtió que la aplicación de esta norma no distingue tamaño, tipo de empresa o sector productivo. “Aplica a todas las emisores y receptores de facturas”.
La ley se aplica a todas las empresas y entidades públicas que son emisoras y receptoras de facturas. No distingue por tamaño o tipo de empresa. Ni tampoco por sector económico.
Desde el 16 de mayo de 2019, las empresas tendrán como plazo máximo de pago de las facturas de 60 días, de los contrario, deberán pagar intereses.
A contar del 16 de febrero de 2021, el plazo máximo de pago será de 30 días. En casos excepcionales, las partes podrán acordar un periodo mayor siempre que no signifique abuso para el proveedor y haya sido inscrito en el Ministerio de Economía.
Si una empresa se retrasa en el plazo máximo de pago, deberá pagar intereses corrientes por haber caído en mora y una comisión fija por recuperación de pagos, equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado.
Desde el 16 de mayo de 2019, las entidades públicas tendrán como plazo máximo de pago de las facturas los 30 días, con la posibilidad de establecer un plazo de 60 días en caso de licitación o contratos. Lo anterior, no rige para el sector salud, Cenabast y los municipios que deberán cumplir el plazo de 30 días, a contar del 1 de junio de 2021.
El incumplimiento sistemático de los plazos dispuestos en la ley, se considera como una práctica de competencia desleal.
Desde el 16 de enero de 2020, se establece el uso obligatorio de la guía de despacho de forma electrónica, con el fin de evitar la constante postergación de la emisión de facturas.
16 de mayo 2019
Para las empresas, el plazo máximo de pago de las facturas será de 60 días y para las entidades públicas de 30 días (excepto sector de salud, Cenabast y municipios).
16 de enero 2020
Será obligatorio el uso de la guía de despacho electrónica para todas las facturas.
16 de febrero 2021
El plazo máximo de pago de las facturas para las empresas pasará de 60 a 30 días.
1 de junio 2021
El sector salud, Cenabast y los municipios, tendrán un plazo máximo de pago de 30 días para las facturas, sólo emitidas por las Pymes.
1 de junio 2022
El sector salud, Cenabast y municipios tendrán plazo máximo de pago de 30 días para todas las facturas, sin importar si las emitió una Pyme o una gran empresa.