Economía y Negocios

Código de Aguas divide a los actores: ¿derechos indefinidos o renovables?

Certeza jurídica para invertir y aprovechar así el agua para producir es lo que piden regantes, mientras que experto se inclina por derechos renovables y asegura que discusión produce aún más incertidumbre.

Por: Javier Ochoa | 03 de Febrero 2019
Fotografía: Giro Estratégico

“Para asegurar que el agua se use bien, es importante que los derechos sean de duración indefinida”.

Fue la frase del ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, que encendió una vez más una polarizada polémica respecto al uso del agua y los derechos de propiedad sobre ésta.

Se habla de la necesidad de certeza jurídica para regantes y empresas eléctricas como principal fundamento de la indicación que impulsa el Gobierno al código vigente, de manera de asegurar la perpetuidad de un derecho asignado que viabilice las necesarias inversiones para usar, en definitiva, el recurso.

El decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la UdeC e investigador principal del centro Crhiam, José Luis Arumí expresó que “este tipo de discusión le hace daño a la reforma a la ley de aguas, porque se focaliza sólo en los puntos en discordia, y los acuerdos quedan fuera, lo que al final genera más incertidumbre por la dilatada discusión”, planteó quien expuso ya ante la Comisión de Agricultura del Senado en la discusión del proyecto para reformar el Código de Aguas.

“En lo personal me inclino por otorgar derechos de agua renovables, pero lo que falta acá es avanzar en pequeños elementos para permitir mejoras puntuales, lo que requiere una ley corta”.

El experto enfatizó que Chile debe reestructurar sus servicios públicos en torno a los recursos hídricos, debiendo existir un ministerio, secretaría o comisión interministerial del agua, que coordine los distintos servicios públicos relacionados con este tema.

Además, destacó los avances en esta materia como la incorporación del concepto de las funciones del agua, el reconocimiento de la integridad entre tierra y agua para los territorios indígenas, la incorporación de la prelación de uso para el consumo humano, de subsistencia y saneamiento y el reconocimiento de diversidad geográfica y climática del país, así como también el aumentar la protección a humedales.

En contraparte, el presidente de Socabio, José Luis Stegmeier, planteó que es necesario para el agricultor contar con derechos de agua otorgados de forma indefinida, de manera tal de tener certeza en la planificación a largo plazo.

“Las falencias de nuestro código se relacionan más bien con asuntos ligados a la gestión, ya que hay muchas entidades involucradas en el manejo del agua, pero no hay nada que alterar en cuanto a los derechos de aprovechamiento, que están consagrados en la Constitución, como es el derecho de propiedad. La verdad , es que la discusión no es tal desde nuestro punto de vista, además nadie discute que el agua es un bien de uso público, lo que se discute son los derechos de aprovechamiento que se asigna sobre un cauce, y el ministro (Fontaine) tiene razón al decir que hoy existen los mecanismos para evitar que el derecho no se ejerza o se especule con él”, aseguró Stegmeier.

Lo importante, añadió, es fortalecer las juntas de vigilancia y que trabajen en cada cuenca. “Hay que trabajar en forma territorial, no sacamos nada al pensar en administrar el agua de igual forma en todo el territorio, ya que cada cuenca tiene sus características y dinámicas.

“Considerando el tremendo potencial que tiene la Región del Bío Bío para convertirse en un polo agroalimentario, tanto para el consumo interno como para exportaciones, un agricultor necesita de certezas de que contará con el recurso para riego en el largo plazo, si no, perderá los incentivos mínimos necesarios para asumir el riesgo que significa esta actividad básica para la economía regional”.

Sobre los desafíos, planteó que para enfrentar de mejor manera el cambio climático y aumentar la disponibilidad de agua para consumo y cultivos, se requiere de inversión pública y privada, a través de la construcción de embalses pequeños y grandes, que mejoren la captación de aguas de ríos y estero; que se aumenten las redes de canales y, por cierto, hacer una apuesta que dote de mayor tecnificación del riego para un uso más eficiente del recurso hídrico.

Por su parte, el gerente de Canalistas del Laja, Héctor Sanhueza dijo que “para nosotros resulta súper importante la seguridad jurídica del derecho, cómo se llame, es una cuestión más de semántica, porque cuando se habla de perpetuo, pareciera que fuera a todo evento y en toda circunstancia, mientras que la verdad creo yo es la certeza jurídica del derecho, y la única forma de perderlo sea por una actitud inapropiada del titular”.

Sanhueza recordó que el agua en un río no produce, sino en el campo, y para llevarla se deben hacer grandes inversiones tanto extra como intra prediales, y debe haber incentivos para realizarlas, primero para llevar el agua, y segundo para usarla bien, expresó.

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