Tras el anuncio del veto presidencial a la ley que prohíbe la pesca de arrastre, el sector industrial pide al gobierno centrarse en elementos técnicos y científicos, y no unirse a sólo dos países en el mundo que la han eliminado: Venezuela y Cuba.
Han sido días intensos: barricadas, quemas de camiones, neumáticos, cortes de tránsito y un carabinero herido de gravedad. Es el descontento por el proceso de regulación de la jibia en nuestro país, negocio que en la Región del Bío Bío, este 2018, se estima que arroje un movimiento total de $80 mil millones, dado que en el primer semestre fue de $40 mil.
Así, entonces, ayer, con visible molestia, la presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, calificó el veto presidencial como una incongruencia del gobierno, que antes había respaldado no eliminar el arrastre.
Presidenta de Asipes, Macarena Cepeda
¿Y qué pasara ahora? El ministro de Economía, José Ramón Valente, explicó que se incorpora, además de la línea de mano o potera, “el cerco como arte de pesca, para ser utilizado, tanto por el sector artesanal como industrial. De este modo, se cautelan los intereses de los trabajadores de ambos sectores y aseguramos la captura y producción sustentable de este recurso”. Sin embargo, tanto industriales como artesanales han discrepado.
Mientras Cepeda daba la conferencia de prensa en Avenida O’Higgins , los “chaquetas amarillas marchaban” pidiendo una solución. La dirigenta dijo que entiende la preocupación de los industrializados: “hay en riesgo 2.500 puestos. Estamos hablando de empleos en flota y en tierra”.
Y resaltó: “En las plantas de procesos, cerca del 50% son jefas de hogar, mujeres que dependen únicamente de esa actividad para mantener la sustentabilidad de su hogar”.
Actualmente, estos tienen derecho del 80% de la cuota de extracción, mientras que los de grandes empresas sólo el 20%.
De acuerdo a Cepeda, su sector se verá imposibilitado de ser parte de este segmento de pesca, aun cuando puedan comprar a los mismos artesanos para suplir.
Es por ello que la presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, llamó al gobierno a dialogar y pidió al ministro de Economía, José Ramón Valente, a que se presente en la zona.
“Desconoce la realidad pesquera industrial de la Octava Región. Solamente hemos tenido la visita en una oportunidad del subsecretario de Pesca. Si queremos regular una actividad productiva que está generando el impacto social, en términos de pérdida de empleo y desorden público, creemos que el ministro y las autoridades de gobierno debieran involucrarse de manera real (…) y ver cuál es la gente que se ve amenazada por las decisiones del gobierno que no ofrecen a criterios técnicos y científicos”.
Según Cepeda, al usar el cerco, se capturará una jibia de baja calidad, que terminará destinado para harina de pescado, lejos de los menús de restaurantes o de los almuerzos de las familias que lo prefieren.
De acuerdo a la representante del gremio, Chile se convertirá en el tercer país que elimina el arrastre en el mundo después de Venezuela y Cuba. Es por eso que solicitó, además, que los parlamentarios de la Región se involucren más y escuchen “argumentos científicos, técnicos, para una discusión real, fructífera y apegada a la verdad, que habría evitado este tremendo conflicto social que hoy sufre el país y en particular la Región del Bío Bío”.
Landes
Desde la otra orilla, el presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Coronel, Manuel Gutiérrez, declaró que “si bien el veto presidencial ratifica la eliminación de la pesca de arrastre, aumenta la cantidad de barcos que pueden capturar la jibia con cerco, lo que resulta complejo, porque se aumenta el esfuerzo sobre una biomasa de la que desconocemos su volumen”.
El sindicalista reveló que “nos sentimos defraudados, porque pensamos que este gobierno iba a ser más inteligente. Hay que sentarse a conversar bajo que condiciones quieren implementar que el cerco sea parte de la captura de la jibia”.
Y hay extrañeza, ya que la modalidad fue declarada inadmisible por la Cámara de Diputados. “No queremos ver el país incendiado de norte a sur, queremos que haya paz social y está en las manos del gobierno poder lograrlo”, manifestó Gutiérrez.
En tanto, desde Asipes, Cepeda opinó que dado todo el contexto de discrepancias, incluso, habría sido óptimo dejar el sistema antiguo: 80% de la cuota de jibia para los artesanales y el 20% para los industriales.
El senador Alejandro Navarro está de acuerdo con la línea de mano y que el recurso quede para los artesanales, pese a que es posible que no alcancen a sacar las 200 mil toneladas que tendrán disponibles (porque se deben sumar a las 160 mil que les corresponden las 40 mil de las compañías).
“La porción que no puedan pescar, pueda ser acordada con los industriales y que los recursos que se deriven de ella, vayan a un plan de protección social para los artesanales. Previo a eso, hay que hacer crecer la flota jibiera. Se debe permitir el aumento de las naves que capturen jibia, y eso también debe ser parte del acuerdo”, formuló el congresista.
Lo cierto es que aún no hay nada claro, dado que el veto presidencial debe ser aprobado o rechazado por el Parlamento.