Con implicancias para la imagen de Chile a nivel internacional, el hecho se produce en momentos que la agenda está tomada por la temática medioambiental y la contaminación en Quintero.
No hay duda que el tema medioambiental se ha tomado la agenda las últimas semanas, a partir de nuevos episodios de población humana intoxicada por emisiones atmosféricas tóxicas provenientes del cordón industrial de Quintero y Puchuncaví, donde funcionan 16 empresas.
En este contexto, se produjo un hecho que ha sido criticado por congresistas, académicos y especialistas en la temática: Chile, país que promovió desde 2012 la firma del Acuerdo de Escazú, que implica garantizar justicia en asuntos ambientales, finalmente, no lo suscribió en la ceremonia oficial llevada a cabo ayer en Naciones Unidas.
El Gobierno ha dicho que postergó la firma por mandato de Cancillería, lo que hace suponer que en algún grado esto estaría relacionado con el fallo del Tribunal Internacional de La Haya.
El hecho ha sido tildado como un bochorno internacional, que deja muy mal parado al Estado chileno ante la comunidad internacional.
Pero también a nivel interno, tomando en cuenta la contingencia con episodios como el de Puchuncaví y Quintero, o el de isla Riesco, donde el Servicio de Evaluación Ambiental autorizó tronaduras en un sitio de conservación de la naturaleza.
La doctora y académica de la UdeC, Verónica Delgado, sostuvo que “esto es grave porque, el Acuerdo de Escazú es el primero de orden vinculante y regional para América Latina y El Caribe, que subiría los estándares de lo que hoy se llama democracia o justicia ambiental, porque eleva los estándares del acceso a la información y a la justicia ambiental, donde Chile sí ha avanzado, pero mantiene importantes desafíos”.
Cabe recordar que Chile lideró la firma de este acuerdo durante el primer gobierno de Sebastían Piñera. De Hecho, en junio pasado, Chile y Costa Rica, que comparten la presidencia del tratado, convocaron a todos los países vecinos a firmarlo, por eso, no se entiende esta decisión mandatada por Cancillería, según ha dicho la ministra de Medio Ambiente, y sólo han precisado que como el Acuerdo permite que cada país firmante interprete las normas ahí contenidas, se requiere de más tiempo para analizar interpretaciones en relación a cómo se solucionarían conflictos internacionales entre Estados, a partir de la forma de cómo interpretan el tratado.
“En efecto, el acuerdo permite que ante un conflicto, se puede llegar a una negociación, que si falla, se pueda recurrir a La Haya, pero el punto es que en Chile, en el contexto del fallo del Tribunal Internacional, se han manifestado algunas dudas respecto a si el país quiere mantener como organismo judicial competente a este tribunal y, por eso, no quisieran firmar un protocolo que de nuevo podría darle competencia. Pero no se compara con lo que pierde Chile frente a estos posibles riesgos infundados”, opinó la doctora y académica de la UdeC, Verónica Delgado, quien, además, es investigadora del centro Crhiam y del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Ambientales, doctor Ricardo Barra, lamentó el hecho, centrando la importancia del acuerdo en la participación de las comunidades en decisiones que le pueden afectar su calidad de vida. “Posiblemente, el hecho de Puchuncaví y Quintero tenga cierto rol en que el Gobierno tenga cierta cautela por firmar el acuerdo, pero hay que entender que en términos diplomáticos, esto le hace muy mal al país, ya que fue uno de los promotores. Creo que estas señales mixtas que se observan tienen que ver con la ausencia de una mirada estratégica de largo plazo en la temática medio ambiental”.
El Acuerdo adoptado en Escazú busca que todas las personas tengan acceso a información oportuna y confiable, puedan participar de manera efectiva en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y accedan a la justicia en asuntos ambientales, contribuyendo así al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).