La seremi de Gobierno, Francesca Parodi, junto a su símil del Trabajo, Carlos Jara, exponen los alcances de la normativa. En tanto, el ex titular de Economía, Iván Valenzuela, hace críticas.
El proyecto de ley “Contrato Especial para Jóvenes Estudiantes” tiene un recibimiento dispar. Algunos la aplauden y otros lo abuchean.
Es por ello que la seremi de Gobierno, Francesca Parodi, junto con su par del Trabajo, Carlos Jara, aclaran las dudas desde la calle, específicamente en dependencias de la cadena penquista Rendibú.
Allí, Jara entrega esta cifra preocupante: “El 37% de los jóvenes de la Región del Bío Bío está trabajando sin contrato. Eso es una barbaridad. El 37% está sin protección social. Eso es lo que nos debe preocupar y las críticas ideológicas dejémoslas para el Parlamento, los meeting políticos, pero en esto se trata de beneficiar a los jóvenes”.
Uno de los dueños Rendibú y gerente comercial, Hans Lozano, apoya esta nueva normativa que ya fue aprobada en primera instancia por la Cámara de Diputados.
“Nosotros tenemos como requisito que sean estudiantes universitarios y en el verano chicos que son de la enseñanza media. Me parece bien y, como he conversado con el seremi del Trabajo, hemos visto varias veces que te piden no tener contratos para no perder beneficios”, revela el empresario.
Uno ejemplo es Carolaine Inzunza, quien sueña con ser asistente de párvulo, carrera que sigue en Aiep. Para pagarse los estudios atiende en el local de calle Aníbal Pinto.
Asegura que la iniciativa legal le parece adecuada. “Por ejemplo, he podido pagar mis estudios, ya que lo compatibilizo con el trabajo y esta es una buena oportunidad para los estudiantes y para los jóvenes. También, incentiva a que ingresen a la educación superior”.
Y lamenta los efectos de no contar con un aparato normativo adecuado a su realidad.
“Como tengo contrato, perdí la asignación familiar y ahí el tema complica. El de ahora beneficia en este tema y es súper importante”, argumenta la joven de 26 años, que quiere contribuir en el sistema educativo.
El fundador de Rendibú, Hans Lozano, resalta que las falencias en el sistema las ve desde hace 10 años y espera que con esta legislación esto termine.
“Son trabas que llevan años y nos parece bien que, al menos, se estudie y se legisle al respecto”, dice el empresario.
Andrés Oreña P.
Una vez aprobada en la Cámara de Diputados (primera instancia), las reacciones no se hicieron esperar.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, la rechaza. “No tratemos de engañar a Chile diciéndoles que aquí hay algunos preocupados del empleo, cuando, realmente, lo que se está haciendo detrás de esto es nivelar hacia abajo todas las fuentes laborales”.
En su oportunidad la dirigenta ha dicho que “no es sólo hoy día para los jóvenes. Mañana será para los adultos mayores y el formato es el mismo: buscar mecanismos que permita más precarización”.
El ex seremi de Economía Bío Bío, Iván Valenzuela, opina que “tiene que ser una ley flexible, pero que vele por los derechos y debe ser pareja para todos”.
El seremi del Trabajo, Carlos Jara, asevera que no hay ningún perjuicio y llamó a “no criticar de manera ideológica”, sino que desde lo técnico. Lo mismo dice la seremi del Gobierno, Francesca Parodi.
El ex titular de Economía, Iván Valenzuela, advierte: “Si la jornada es 45 horas máximo y si hay horas extras, estas deberían ser pagadas. Y si se pone termino al contrato, se debe cancelar la indemnización que corresponda. Esto no se contempla”.
Andrés Oreña P.