El desafío pasa por una reformulación de los subsidios, para que condicionen a patentamientos o impacto positivo en las ventas ligadas a I+D.
El Centro de Estudios de Sistemas de Innovación (CIS2), determinó que cuando la probabilidad de innovar en bienes y/o servicios se condiciona por la tenencia de un departamento de I+D en la empresa, desaparece el efecto estadísticamente significativo de participar en el programa Innova de Corfo.
“Por lo cual, se puede concluir que este programa no está cumpliendo su objetivo de promover la innovación. Además, como la tenencia de un departamento de I+D es una característica observable antes de asignar los fondos del programa Innova, posiblemente, se está escogiendo como beneficiarios a empresas que hubiesen generado innovación en bienes y/o servicios, incluso, sin que hubiesen obtenido este financiamiento público, y, por lo tanto, el aparente efecto positivo del programa cuando no se controla por los inputs innovativos, se explicaría solo por el sesgo en la selección de los beneficiarios”, explicó el doctor en economía de la Universidad de Chile y académico de la Universidad de Concepción, Cristian Mardones.
Mardones recordó que estudios previos han encontrado que participar en programas de financiamiento de Corfo genera impactos positivos sobre las ventas, utilidades, productividad laboral, productividad total de factores y número de trabajadores contratados. Sin embargo, el presente estudio complementa esos resultados al investigar el efecto de los programas de financiamiento sobre la innovación en bienes y/o servicios, ya que uno de los programas evaluados, Innova, tiene por objetivo, justamente, promover la innovación.
Además, se determina que el programa Innova no genera un efecto sustitución sobre otras de fuentes de financiamiento en las empresas beneficiarias. Sin embargo, el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios Fogape (el cual permite acceder a financiamiento con fines productivos), sí ayuda a reducir la necesidad de conseguir financiamiento a través de factoring o leasing en un 61% y, además, incrementa en 32% el uso de préstamos no bancarios, concluyó el trabajo.
Sobre el objetivo del estudio, el académico recordó que a pesar de la proliferación de muchos de estos programas de financiamiento público, existe escasa evidencia que avale su efectividad sobre los outputs innovativos en las empresas chilenas. “Por esta razón, el presente trabajo busca complementar estudios previos (que se han concentrado mayoritariamente en estimar el impacto sobre las ventas, utilidad, productividad laboral, productividad total de factores y contratación de trabajadores) al evaluar el impacto que han tenido los principales programas de Corfo sobre la innovación en productos y/o servicios y, además, identificar si estos programas han desplazado inversión privada.
“Lamentablemente, en este último punto, el impacto no ha sido el esperado”, concluyó Mardones.
Por otra parte, Mardones explicó que no se observa un efecto positivo en las ventas de bienes o servicios, cuando se condiciona con actividades de innovación que desarrollen una empresa.
Sobre la conclusión general, el economista recordó que existen estudios internacionales que demuestran que este tipo de subsidios públicos en Latinoamérica fomentan el gasto en I+D (input innovativo), pero finalmente el resultado en términos de productos, patentes o porcentaje de ventas innovativas, al final se disipa.
“En este estudio, no pude evaluar si la política pública incrementó los gastos en innovación, porque ese dato no estaba, pero sí concuerda con estos estudios para Latinoamérica en que no se genera una mayor venta de bienes o servicios, por lo que creo que el desafío está en reformular esos subsidios de tal forma que se condicione a la generación de patentamientos y/o bienes, o servicios innovativos, sino sólo se asegura un mayor gasto en innovación, pero sin los resultados esperados”.