La Reforma Tributaria tuvo el objetivo de elevar el gasto público para el financiamiento de la educación. Así, en consecuencia de los últimos cuatro años de gobierno, aumentaron los impuestos en un 3% (de un 24% a un 27%) y el PIB en un 3,5% (de 21,5% a 25%).
De 2013 a 2018, el gasto acumulado del presupuesto subió de US$53.015 millones a un monto presupuestado de US$67.398 millones. Asimismo, ello tuvo incidencias en la aceleración que tuvo la deuda pública que pasó del 12,7% al 23,8% al cierre respectivo de 2013 y 2017.
Según la Dirección de Presupuestos, se elevó la contratación del sector público central en un 13%, con 249.595 funcionarios empleados a finales de 2016. Según el INE, en tanto, la creación de empleo de la administración central creció 188.501 durante la gestión actual.
En vista de las cifras, algunos expertos evaluaron la situación y cuál debería ser la estrategia para una administración más eficiente.
Un ejemplo es Guillermo Patillo, economista y académico de la Universidad de Santiago, quien indicó en la revista Pulso que el Estado es más grande, pues “hay más gente empleada, más servicios y más recursos gastados. Además se creó el ministerio de la Mujer y Equidad de Género (2016) y recientemente se aprobó el De las Culturas, las Artes y el Patrimonio”.
A modo de explicación, la expansión del gasto público corresponde a la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público en el ejercicio fiscal. Ésta, según Patillo, estuvo muy influenciada por el aumento de 6,9% de los subsidios y del gasto de 5,9% en personal, los cuales representan, respectivamente, un 42% y un 24% de ese gasto.
“En síntesis, y como se vio durante el año pasado, la variable de ajuste para evitar una expansión aún más severa del gasto, fue la inversión pública”, puntualizó el economista. De forma similar, el académico de la Universidad Mayor Tomás Flores, evaluó este incremento como un suceso “que ha tenido consecuencias graves”.
“Este sustancial impulso fiscal, no financiado, generó la duplicación de la deuda pública y la degradación de Chile en las clasificadoras de riesgo”, subrayó Flores, quien añadió que “las normas de buena gestión de recursos escasos se aplican en todo orden de cosas y la gestión pública no debe ser la excepción”.
El director del Centro de Estudios del Desarrollo, Luis Eduardo Escobar, afirmó que el sector público que recibirá el gobierno entrante “es más complicado de manejar que el gobierno anterior de Piñera”, pues le han quitado ciertas atribuciones, mientras instituciones como la Contraloría o el Consejo de Defensa del Estado han tomado otras.
A juicio de Escobar, achicar el tamaño del aparato público “sería improcedente”, pues “a medida que los países se van desarrollando y subiendo sus niveles de ingreso, la gente pide cada vez más que el Estado intervenga en la provisión de bienes públicos“. Por lo tanto, reducirlo “es bastante poco probable e indeseable”, precisó.