Hoy, lamentablemente, contar con la aprobación ambiental no asegura poder ejecutar un proyecto. Esa incertidumbre resta atractivo para invertir en nuestro país, afectando nuestra capacidad de crecimiento y desarrollo económico y social.
 

Desde hace un tiempo se debate en Chile sobre la incerteza jurídica y sus consecuencias para las inversiones. El reciente rechazo del proyecto minero-portuario Dominga en la Región de Coquimbo nuevamente abre el debate respecto a la independencia técnica de nuestra institucionalidad ambiental, la que también tiene directa correlación con el desarrollo de la actividad empresarial.

Situaciones como la vivida por Dominga, son compartidas por otras regiones y Bío Bío no ha sido la excepción. 

Por eso, es necesario dar una mirada de futuro a la institucionalidad ambiental que permita canalizar adecuadamente los proyectos, transparentando los límites para desarrollar iniciativas en Chile, con lineamientos objetivos, técnicamente justificados y conocidos por todos, sin que las autoridades políticas de turno decidan, de acuerdo a sus propios criterios, el futuro de las inversiones que van en beneficio de todos chilenos. 

No cabe duda que tanto la opinión política como la participación ciudadana deben ser escuchadas en estos procesos, siendo ambas miradas fundamentales para una correcta operación de los proyectos. Sin embargo, estas observaciones se deben hacer en los tiempos correctos, con el fin de evitar afectar las garantías de los procesos y la claridad respecto a las reglas que rigen para invertir en Chile.

Hoy, lamentablemente, contar con la aprobación ambiental no asegura poder ejecutar un proyecto. Esa incertidumbre resta atractivo para invertir en nuestro país, afectando nuestra capacidad de crecimiento y desarrollo económico y social.

Esta es una situación que debe ser revertida. Chile debe contar con una institucionalidad ambiental fuerte y técnicamente capacitada en la que su validez e independencia no sean puestas en jaque.