Se busca robustecer acciones jurídicas para que ejecutivos y directorio respondan penalmente ante la eventual entrega de información financiera adulterada a la Superintendencia de Salud y por la emisión de boletas "ideológicamente falsas".
Se busca robustecer acciones jurídicas para que ejecutivos y directorio respondan penalmente ante la eventual entrega de información financiera adulterada a la Superintendencia de Salud y por la emisión de boletas "ideológicamente falsas".
Felipe Placencia Soto
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
Las estrategias jurídicas de los socios inversionistas históricos de Masvida en Concepción no paran. Ayer en la tarde el abogado penquista Remberto Valdés llegó hasta Valparaíso para presentarse ante la Comisión de Salud de la Cámara Baja y exponer los pormenores del caso, pero principalmente para que lograr apoyo de los parlamentarios y se agilice al Servicio de Impuestos Internos para que intervenga y se querella tras la acusación de que el renunciado directorio encabezado por Claudio Santander habría emitido facturas "ideológicamente falsas", ya que, a su juicio, se han demorado en la respuesta. Lo segundo y como nueva estrategia en relación a las supuestas de presentaciones de documentos falsos alusivos estados financieros y para una persecución penal contra ejecutivos en relación a las boletas emitidas, pedir que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte de lo que el denomina un nuevo caso estilo Penta.
"Nuestra experiencia es que en más de una década como abogado litigante en el Consejo de Defensa del Estado nos parece que la ley orgánica que rige a esa institución de la red pública permite en un caso como este dirija acciones penales para poder salvaguardar la fe pública, tratándose del delito de presentación de documentos falsos a la autoridad", explicó Valdés.
De acuerdo al jurista en el caso Penta ocurrió el mismo escenario: el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado finalmente trabajaron en conjunto, amén de todas las indagaciones del Ministerio Público, que en este caso recae en las diligencias del persecutor Carlos Gajardo, que ya tomó declaración a Santander en calidad de imputado en una de las aristas por información adulterada.
En el caso de las facturas falsas, indicó que habría una suerte de demora ante la solicitud desplegada hace unos días en dependencias del SII Bío Bío, dirigidas a Jorge Lara, considerando además que la administración ya estaba en conocimiento de hechos inusuales.
"La verdad es que la acción debieron haberla hecho y denota demorada, ya que el SII estaba en conocimiento de estos antecedentes el año 2015 a través de una sentencia judicial y por las respectivas rectificaciones que se hicieron al año siguiente, incluyendo al año 2016. Nosotros tenemos la convicción que esas acciones debieron tomarse ya. La idea es que la cámara agilice. Sin ninguna duda. Creemos que debe reaccionar en este caso. Hay un tema de fe pública. Hay 500 mil afiliados, 180 mil con preexistencias y todos merecen claridad", argumentó Valdés.
El caso sigue tornándose complejo. Es por ello que se pide rigurosidad.
En la jornada de ayer no sólo debía estar Remberto Valdés en la Comisión de Salud, sino que también la ministra de Salud, Carmen Castillo. Igualmente el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, y el abogado representante de Alto Isapres, Esteban Arévalo.
Paso al costado
Claudio Santander sigue concitando la crítica, en especial de los socios históricos. En la reunión del jueves de la semana pasada se alzaron voces para que quienes tengan vinculación con el renunciado directorio den un paso al costado, en especial los presidentes de los grupos inversionistas. La idea es llegar al 27 de marzo bajo total transparencia.
Durante el lunes de hecho Santander debía asistir a la Comisión de Salud, pero no fue, desatando críticas de los parlamentarios. De hecho, hubo sugerencias de sumarse a las querellas en su contra.