Del total de 391 de estos dispensadores de dinero, apenas 60 tienen modernas medidas de seguridad, y aún faltan 331. El plazo vence en octubre de 2018.
Del total de 391 de estos dispensadores de dinero, apenas 60 tienen modernas medidas de seguridad, y aún faltan 331. El plazo vence en octubre de 2018.
Carolina Abello Ross
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
La madrugada del pasado 7 de diciembre, desconocidos realizaron el único ataque efectivo a un cajero automático en la zona: en la sucursal de Corpbanca, ubicada en el Foro de la Universidad de Concepción, los asaltantes forzaron la cortina metálica que protege el acceso a las dependencias de la galería, ingresaron al banco y volaron uno de los dos cajeros con un aparato explosivo fabricado con un extintor intervenido, lo que les permitió sustraer el dinero del interior. Todo en apenas 2 minutos y 40 segundos.
La explosión, además de destruir el cajero, dañó las vitrinas, mobiliario y computadores. El banco no informó a cuánto ascendieron los daños, pero Carabineros calculó que del cajero extrajeron entre 15 a 20 millones de pesos.
El caso puso en tela de juicio la seguridad en los bancos, ya que llamó la atención la facilidad y el poco tiempo con que los delincuentes se llevaron el dinero, sin ser detenidos.
Esto, ya que en 2013 se aprobó el decreto 222, que ordena que en cinco años todos los cajeros deberán ser renovados por dispensadores que al menos deberán estar anclados, contar con alarmas y grabaciones de alta resolución. A la banca le significará invertir US$ 300 millones en ese período. Debido a este mayor costo, los bancos reubicarán aparatos en zonas con altos flujos de personas.
El nuevo decreto, el 222, es el resultado de una serie de estudios en que se tomó en cuenta la experiencia internacional, y que contó con la participación de la banca.
En 2012 se dictó una nueva ley que aumentó las penas para el delito de robo de cajero automático, pasando de 61 días a entre tres y cinco años. Así, desde marzo de 2012, cuando hubo un peak de 104 asaltos, se pasó a 29 en junio recién pasado.
En 2011, la Subsecretaría de Prevención del Delito, los bancos y la Asociación de Bancos trabajaron en una mesa público privada para ver cuáles eran las medidas que se estaban tomando en el mundo ante los robos y dar medidas mínimas de seguridad en el país. Todo esto lo volcaron en el decreto 222.
¿Y en la zona?
El prefecto de Concepción, coronel Rodrigo Medina, explicó que en Bío Bío, el 2014 fue el peak de ataques a cajeros, con nueve. Este año, la cifra llegó a cinco, "pero sólo uno ha sido efectivo, el de la UdeC, lo que habla bien de las medidas de seguridad de la banca y del trabajo de Carabineros, que ha tenido una buena reacción para frustrar estos asaltos, gracias a la comunidad que ha llamado en forma inmediata cuando ha visto algo sospechoso, o lo hemos pesquisado por las cámaras de seguridad, o nos han avisado de la central de alarmas".
En la jurisdicción de la prefectura penquista, hay 391 cajeros. De ellos 60 están con las medidas del decreto 222, y aún faltan 331 por modernizar.
"Tienen que estar anclados, con alarmas. Por ejemplo, el que fue robado la semana pasada no estaba empotrado, entonces es más fácil manipularlo", dijo el jefe policial, quien aseguró que se ha ido mejorando de a poco en mejorar las medidas de seguridad, y agregó que cuando detectan un cajero con medidas de seguridad deficientes, notifican de inmediato a la sucursal bancaria.
En cuanto a las cámaras, explicó que utilizan las del comercio, las del municipio (conectadas a Carabineros) y las del mismo banco. "Cada día se exige más medidas de seguridad y la gente está participando".
En cuanto a medidas que sugiere Carabineros, Medina aseguró que "sería fantástico tener guardias día y noche, y armados, pero sólo trabajan en horario de oficina, por lo que después de las 18 horas la vigilancia queda en manos de las cámaras, de la gente, y de Carabineros".
Las medidas son de cargo de cada entidad bancaria
Mónica Merino, subgerenta regional VIII Costa Concepción de Banco Estado, explicó que han respondido a las exigencias de la autoridad, implementando sus cajeros automáticos bajo la norma establecida en el Decreto 222.
Agregó que hay una coordinación con Carabineros fluida y permanente para enfrentar este tipo de hechos delictuales, así como las medidas de seguridad que tienen que enfrentar en las sucursales.
En cuanto a las consecuencias que traen estos delitos, específicamente en las sucursales tras un asalto, Merino señaló que "los costos del equipamiento e infraestructura inmobiliaria impactada en un delito de estas características son importantes, pero estos son asumidos por cada entidad, pues son de propiedad privada".