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Canalistas y gremio agrícola regional alertan sobre "expropiación arbitraria"

Mientras el Ministro Fürche defiende las modificaciones, presidente de Socabío habla de no repetir los errores como la reforma agraria y presidente de canalistas da implicancias patrimoniales.

Por: Diario Concepción 17 de Octubre 2016
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Mientras el Ministro Fürche defiende las modificaciones, presidente de Socabío habla de no repetir los errores como la reforma agraria y presidente de canalistas da implicancias patrimoniales.
 

Edgardo Mora Cerda
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

17.10.2016

La polémica provocada por los cambios que se quieren realizar al Código de Aguas mantienen en alerta tanto al gremio agrícola regional como a la Asociación de Canalistas del Laja.

El Ministro de Agricultura, Carlos Fürche en entrevista con Diario Concepción, expresó su rechazo a los dichos del presidente nacional de Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, respecto que las modificaciones al Código de Aguas eran "una expropiación encubierta".

"Estoy en absoluto desacuerdo y creo que no hay ninguna justificación para una afirmación de esa naturaleza" indicó el titular de la cartera de Agricultura.

El secretario de Estado dejó en claro que "La modificación al Código de Aguas que está en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados es la opinión del Gobierno y ese proyecto no tiene ninguna medida, que pueda ser calificada de expropiatoria".

Fürche explicó además que "lo que hace es regular los derechos de agua aún no otorgados donde nadie puede expropiar algo que no posee. Entonces, hablar de expropiación porque los derechos de agua futuros se van a entregar en un periodo de 30 años me parece francamente un abuso de la lógica".

El ministro de Agricultura agregó que "también se establece la existencia de caudales ecológicos mínimos, lo que también en algún momento fue señalado como un motivo de preocupación, pero se hace desde lo que ya establece el Código de Aguas de los recursos entregados a partir del año 2005 para adelante, no toca a los derechos de agua otorgados previamente", aseguró.

Inquietudes del sector agrícola regional

José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola del Bío Bío, director del Consorcio Agrícola del Sur (CAS) y de la Sociedad Nacional de Agricultura, señaló que "El principal elemento que rechazamos es la insistencia en precarizar la propiedad sobre los derechos históricos de aprovechamiento del agua, en el caso de la agricultura, para riego, por lo tanto, derechos consuntivos. Se limita, sobre todo si los actuales derechos quedan bajo la tutela legal propuesta, la facultad, resguardada por la Constitución, de usar, gozar y disponer del derecho de aprovechamiento a perpetuidad". 

El líder gremial indicó además que " un segundo aspecto preocupante, es que tendríamos con esta reforma dos categorías de agricultores regantes: aquellos bajo el régimen antiguo, en todo caso en una situación más precaria que hoy y aquellos agricultores que requieren comenzar a regar con nuevas aguas, las cuales serían concesionadas por un plazo acotado. Esto genera una gran distorsión, con agricultores de primera y segunda clase en materia de disponer de agua para riego, afectando principalmente a las regiones del sur", aclaró el dirigente.

Expropiación arbitraria

En relación a los efectos que tendrán los cambios en el sector agrícola, Stegmeier señaló tres aspectos principales: "En primer lugar, siendo uno de los efectos más graves y onerosos, que el Estado debiera compensar debidamente a los agricultores y a sus asociaciones de regantes por lo que sería, en los hechos, una expropiación arbitraria de sus derechos de aprovechamiento. Además, todo basado en una falacia, ya que los agricultores usamos el agua para producir alimentos y no para acapararla, por lo tanto, la compartimos con toda la población".

Pérdida patrimonial

En la misma línea, el presidente de Socabio continúa diciendo que "un segundo gran efecto negativo, es la pérdida patrimonial del valor de la tierra que poseen los agricultores. Este valor se construye mediante la ligazón indisoluble de la tierra con el agua y si cualquiera de los dos factores se precariza en cuanto al dominio, el valor del la hectárea automáticamente baja".

Un tercer aspecto entre otros, "es que de aprobarse tal cual la reforma, significaría menor inversión en nuevos proyectos y también menor acceso a financiamiento, ya que los predios en general tendrían un menor valor de garantía y obviamente, por tener un horizonte más inseguro en cuanto a la disposición de agua, se desincentivarían aquellos proyectos de largo plazo, sobre todo en el ámbito frutícola", enfatizó Stegmeier.

Respecto de las acciones a seguir por parte del sector agrícola, el director de la SNA, dijo también que "Debiéramos tomar todas las acciones legales a nuestro alcance, ya que tal cual como está planteado el proyecto de reforma, es evidentemente inconstitucional. Esto significa además una tremenda equivocación en cuanto a cuáles debieran ser los énfasis en las políticas públicas, no podemos permitir que nuevamente en Chile se repitan enormes injusticias basadas en malas políticas públicas como fue, el proceso de reforma agraria, que tanto daño causó al sector agrícola y al país. Hoy las políticas que debieran estarse discutiendo en materia de aguas tienen que ver con inversión pública o por concesión en grandes obras de riego y tecnificación del mismo a nivel predial", sentenció Stegmeier.

Canalistas del Laja

Por su parte, Patricio Guzmán, presidente de la Asociación de Canalistas del Laja señaló cinco puntos a considerar dado que "Se afecta la seguridad en los derechos de aguas, pues si bien, la autoridad señala que los derechos ya constituidos mantendrán la condición de titularidad sobre la propiedad perpetua, existen disposiciones que, por su ambigüedad, pueden interpretarse en un sentido contrario, esto es, aplicada sobre los derechos antiguos igualmente pueden llegar a caducarse en base a criterios de la autoridad de turno, donde debe considerarse que estas modificaciones legales serán aplicadas por funcionarios distintos a los actuales". 

Otro punto, según Guzmán es que "este debilitamiento del derecho de propiedad tiene implicancias patrimoniales y de fortaleza de garantías ante el sistema financiero, donde ya no tendrá la misma valoración".

Caudales Ecológicos

En tercer lugar, se encuentra "la fijación de caudales ecológicos sobre cauces ya agotados lo que afectará indiscutiblemente a los regantes que no podrán utilizar los caudales que históricamente han tenido". 

Lo anterior se une a "la posibilidad de que los derechos sean suprimidos temporalmente para solucionar emergencias que, se puede entender que tienen prioridad cuando se trata de asegurar la vida humana, pero no es justo que la solución recaiga sobre un determinado regante sin que reciba una indemnización, es decir, la sociedad soluciona su problema a costa de un usuario que debe asumir la pérdida por cultivos que no logra cosechar", explicó el presidente de la Asociación de Canalistas de Laja.

Un último punto tiene que ver con que "al final las modificaciones aumentan significativamente las facultades de la DGA y no contempla un reforzamiento a dicha institución. Además, muchos de los problemas actuales de concesión de derechos excesivos; falta de estudios de disponibilidad de aguas; falta de control sobre extracciones que se usan como justificación para las modificaciones del Código de Aguas, son justamente porque el organismo encargado de esos temas como la DGA, no ha hecho bien su pega", concluyó Guzmán.

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