El cuestionado cuerpo legal que se promulgó en 2012, conocido como "Ley Longueira", ha ido perdiendo, gradualmente, legitimidad, a partir de investiga-ciones por cohecho. Acá las propuestas gremiales para ordenar el sector.
El cuestionado cuerpo legal que se promulgó en 2012, conocido como "Ley Longueira", ha ido perdiendo, gradualmente, legitimidad, a partir de investiga-ciones por cohecho. Acá las propuestas gremiales para ordenar el sector.
Javier Ochoa Provoste
javier.choa@diarioconcepcion.cl
La Ley de Pesca ha abierto el debate entre los distintos actores y sectores.
¿Cuál es la postura oficial del Gobierno?
Ésta la entregó el seremi de Economía, Iván Valenzuela.
"Respecto a la Ley de Pesca, hemos sido tajantes al decir que el compromiso de la Presidenta Bachelet es evaluar la Ley de Pesca vigente, para lo cual se está llevando a cabo un análisis técnico a la FAO, cuyos resultados debieran conocerse este mes", estimó el seremi de Economía, Iván Valenzuela, quien añadió que en base a ese informe se deberán alinear las políticas pesqueras nacionales con las internacionales.
También se está trabajando a través de una comisión de trabajo de parlamentarios que también están analizando esta ley para hacer las modificaciones correspondientes.
"En este sentido, estamos trabajando en tres pilares fundamentales: las licencias transables de pesca para el sector industrial, de manera de que dejen de ser a perpetuidad, eliminando ciertos privilegios. Otra arista es la creación del Indap pesquero para la pesca artesanal y también estamos estableciendo nuevas leyes para darle más atribuciones al Sernapesca en su lucha contra la pesca ilegal".
Iván Valenzuela subrayó que el gobierno no busca en ningún caso eliminar la ley y volver a fojas cero.
"Creo que ese escenario implica un gran daño a los pescadores y creo que es un gran daño, por eso el compromiso es evaluar y hacer las modificaciones necesarias", planteó la autoridad.
Asimismo, recordó que para el estudio de la FAO se ha convocado a distintos actores, no sólo industriales y artesanales, sino también universidades.
Sobre la poca legitimidad de la Ley de Pesca que acusan ciertos sectores y que piden anularla, Valenzuela reiteró que a través de las modificaciones se abordarán aquellos aspectos que pudieran ser discriminatorios para algún sector en desmedro de otro, en clara alusión a los privilegios que tendrían los industriales con el actual cuerpo legal, que cede a perpetuidad las licencias transables de pesca.
Pero que en ningún caso el gobierno está por derogarla.
El compromiso, insistió, es modificarla, y "no son modificaciones que se estén haciendo de manera unilateral, para eso se está trabajando con el análisis técnico de la FAO, y estos lineamientos se alinearán además con políticas internacionales, que es donde debemos seguir avanzando. Por eso, seguiremos trabajando en conjunto con diversos actores, pero no anularla. En el actual escenario que vive el país, sería el peor error volver atrás y creo que los pescadores debieran entender eso".
Sobre el fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca, Valenzuela planteó que es urgente otorgar mayores atribuciones a la institucionalidad pública, para lograr una mayor fiscalización y, a su vez, establecer sanciones.
ASIPES
La jefa de Sustentabilidad de Asipes, Macarena Cepeda, dijo que el gremio es partidaria de incorporar perfeccionamientos a la actual Ley de Pesca con el propósito de hacer énfasis en los criterios científicos de la normativa, intensificar su espíritu conservacionista y enfocarse en la sustentabilidad de los recursos pesqueros.
"La principal sugerencia del gremio apunta a incorporar mecanismos para combatir de manera eficaz la pesca ilegal, práctica que está llevando al colapso a algunos recursos pesqueros de nuestro país, como la merluza común o gayi. Según estimaciones de la autoridad fiscalizadora, se calcula que la captura sin declarar de esta especie, a través de mafias de pescadores y distribuidores, es tres veces la cuota global de un año normal. Asipes propone que la pesca ilegal sea considerada como tráfico y que se tipifique el delito completo, es decir su captura, evasión de control, transporte, comercialización, a fin que se pueda desarticular la cadena delictual.
El gremio de pescadores industriales estima además que se debe aumentar los recursos del Estado para la investigación, fortalecer los Comités Científicos Técnicos e igualar los beneficios sociales de los trabajadores industriales a los del sector artesanal. Si bien la actual ley considera una plataforma social para los colaboradores del sector industrial, las medidas de mitigación no han sido suficientes, son derechamente deficientes o no cumplen los objetivos planteados.
PERSONAL EMBARCADO DE CHILE
El vocero de Personal Embarcado de Chile; presidente Sindicato Capitanes de Pesca Región del Bío Bío, Juan Carlos González, (lo integran a la fecha 23 confederaciones, federaciones y sindicatos del sector, representando a más de 8 mil trabajadores desde Arica a Punta Arenas).
"Nuestra posición es clara. Las modificaciones a la normativa -como rebaja de cuotas, eliminación de artes de pesca (arrastre), cierre de las cinco millas- provocarán la pérdida de puestos de trabajo en nuestro sector, el que lamentablemente ha sido el más afectado con cada cambio a la ley.
Es por ello que demandamos que lo primero que se perfeccione, para remediar el grave impacto en el empleo, es el aspecto social para nuestro sector, donde la ley realmente está al debe. En este punto, esta debe dar respuesta y solución a nuestras demandas de Sistema de Pensiones, Seguridad y Protección Social y Reconocimiento como Pescadores, avalado por nuestra habitualidad pesquera de más de 160 mil horas de trabajo a bordo de buques de pesca nacional.
FESIP
La presidenta Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera de la Región del Bío Bío (Fesip), Juan Silva, dijo que "La Ley de Pesca no es el problema. Está hecha con estándares y experiencia internacional. Se traspasó la responsabilidad de resolver el tema cuotas globales anuales de pesca a los Comités Científico Técnico y eso es una buena iniciativa. Esta Ley mejoró lo que había, cambió la distribución de las pesquerías e introdujo el concepto de Puntos Biológicos de Referencia y todo ello son avances.
Hoy muchas pesquerías se encuentran en estado crítico y su recuperación seguramente tardará algunos años. Si a esto le sumamos los negativos efectos del cambio climático y fenómenos oceanográficos que afectan las costas del país, lo que se agrava con los inminentes cambios a la legislación pesquera, el riesgo de perder nuestros empleos es real.
Los trabajadores de las plantas de proceso no nos oponemos a que se revise la ley, consideramos que puede mejorar en algunos aspectos -que planteamos a la FAO- como fortalecer la investigación y la fiscalización; disminuir el esfuerzo de la flota artesanal y perfeccionar el artículo 173 que, entre otras cosas, cree un fondo de estabilización para los trabajadores de las plantas de proceso que entre sus objetivos considere un plan de egreso para mayores de 50 años.
FEREPA
El presidente de la Ferepa ( 78 sindicatos y 8.314 pescadores artesanales), Hugo Arancibia, apoya la ley, pero se manifiesta abierto a mejorar ciertos puntos. Fundamenta su posición señalando que el cuerpo legal favorece al sector pesquero artesanal y establece una clara planificación entre las embarcaciones mayores y menores de 12 metros lo que permite un ordenamiento que protege la actividad y los recursos. Además limita el radio de acción de las embarcaciones de 12 y hasta 18 metros que no pueden intervenir en la primera milla, de exclusividad de la pesca artesanal de acuerdo a esta Ley. "Este ordenamiento permite proteger la actividad, y la sustentabilidad de los recursos", dice y agrega "valoro el resguardo de la primera milla para embarcaciones de hasta 12 metros, el seguro de vida para los pescadores artesanales, la incorporación del Posicionador Satelital para embarcaciones mayores de 12 metros, la certificación de desembarque para embarcaciones mayores de 12 metros, la exención de cobro de patente para las áreas de manejo, el fraccionamiento de las principales pesquerías entre el sector pesquero artesanal e industrial".
CONDEPP
Nelson Estrada, vicepresidente Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp)
"La ley de Pesca es corrupta y se cae a pedazos; no solo regaló los recursos pesqueros a la gran industria, el fraccionamiento también fue a favor de ésta, y la institucionalidad pareciera hecha a la medida de dicho sector. Así lo demuestran los juicios en que Sernapesca tuvo errores judiciales que no sabemos si fueron voluntarios o involuntarios, porque el gobierno esquiva su responsabilidad frente a una ley que porfiadamente no quieren anular. Tenemos la convicción que la propiedad de los recursos, su distribución y quien se beneficia de ellos, son parte de las decisiones que debemos enfrentar en el Congreso; no es resorte ni competencia de la FAO. Por eso es clave el rol de los Diputados y Senadores".
CONAPACH
Sara Garrido, presidenta de la Confederación nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach (reúne a 65 mil trabajadores aproximadamente a nivel nacional), dijo que la entidad ha estado siempre a favor de modificaciones de fondo y de forma a la Ley de Pesca. "Si eso significa ir por una nueva ley, iremos hacia allá, gatilado por lo que se ha ido conociendo y que da cuenta que es una ley viciada y que no cuenta con la legitimidad de todo el país.
Creemos que un porcentaje inmenso favoreció a los industriales, y creo que por ahí va la disconformidad de los artesanales. Por eso creo que nos deben dar la oportunidad de discutir nuevamente una ley de pesca en un marco transparente, donde ambos actores se vean beneficiados, no así como pasó en 2012, donde se afectó a los pescadores de peces, no así a los bentónicos, algueros o buzos mariscadores".
PESCAPYME
El presiente de PescaPyme, Yury Salinas dijo que "esperamos que los parlamentarios entiendan que la Ley de Pesca debe velar por dos condicionantes: la sustentabilidad de los recursos pesqueros y el trabajo para todos los sectores. Desde esta perspectiva es que pedimos que los legisladores entiendan que hay áreas que hasta ahora están invisibilizadas. Nos referimos a los empresarios que prestan servicios a la industria pesquera, sector en el cual trabajan más de 3.500 personas en la Región del Bío Bío.
Requerimos que regulen teniendo en cuenta que hay miles de familias que dependen de una repartición técnica de los recursos, para que las Pymes puedan seguir dando empleo. Además, debe considerar una política clara de combate a la pesca ilegal, que perjudica a todos los sectores.
En las Pymes hay incertidumbre por todo lo que se plantea. Tememos que toda esta discusión pueda aumentar el desempleo. Una mala legislación haría que nos quedemos sin trabajo".