Establecida en 1970, pero basada en una norma que data de 1925, se hace necesaria una revisión profunda de su orgánica, lo que al alero de la nueva institucionalidad -Ministerio de las Culturas- será algo prioritario de abordar.
Si bien la Ley de Monumentos Nacionales data de 1970, esta es aún mucho más antigua, ya que se basa en una norma establecida en 1925, lo que hace urgente una actualización y adecuación a la realidad actual, lo que ha frenado una mayor protección y cuidado del patrimonio a modo general.
Así lo dejó en claro el actual subsecretario de patrimonio cultural, Emilio de la Cerda, quien estuvo de visita hace algunos días por la zona. “Uno de los puntos claves dentro del Gobierno, en relación a la cultura y patrimonio, está la modificación a esta ley, un instrumento en el fondo con más de noventa años. Por lo que está bastante superada y anquilosada en sus conceptos y formas de tomar decisiones, además de otras materias”, afirmó la autoridad.
Es por ello que, en pro de este cambio, y para que se realice de la forma más completa y acabada, se abordará desde tres aspectos claves. El primero de ellos sería transformar el actual Consejo de Monumentos a Consejo de Patrimonio, y a la vez establecer filiales independientes en cada región del país, es decir, “establecer Consejos de Patrimonio Regional Resolutivos en todo el país, que en vez de estar esperando que en Santiago devuelva los expedientes firmados con observaciones o aprobados, que sean las respectivas regiones las que puedan revisar con un órgano colegiado local las intervenciones en las categorías protegidas en la ley”, comentó de la Cerda.
Emilio de la Cerda (Foto por Raphael Sierra P.)
Lo otro sería el revisar las categorías de patrimonio, “nuestra visión y paradigma del año 25 y luego nuestra ley del 70 es monumental, es decir, hablamos de los monumentos nacionales, unos bienes que están como alejados de las personas, que no fueran dinámicos en el tiempo, en cambio, tenemos que transitar hacia una visión que incorpore el patrimonio material e inmaterial o cual pone en el centro del patrimonio no los bienes ni los edificios, sino a la comunidad que le otorga valor. Esa definición conceptual supone alinearnos con todos los marcos internacionales que nosotros hemos ratificado, por ejemplo, los campos de Unesco y hacerlos propios a nuestra ley”, explicó la autoridad.
Y por último, es construir un sistema de compensaciones e incentivos que permitan pasar de un paradigma legalista, a uno de gestión del patrimonio, lo que tiene relación con “elaborar planes de gestión para los sitios de Patrimonio Mundial, planes de salvaguardia para los elementos de patrimonio inmaterial, poder establecer excepciones tributarias para la mejor conservación de los bienes patrimoniales, poder establecer instrumentos de descuento de impuestos a la renta cuando nosotros estamos interviniendo para recuperar patrimonio urbano, que nos parece clave, aumentar el fondo del patrimonio. En relación a esto último, hoy en día tenemos un presupuesto que no es suficiente para todas las demandas que hay a nivel nacional, aumentarlo modificando la Ley de Donaciones Culturales para que ese fondo se pueda incrementar, además de otras medidas”, enfatizó de la Cerda.
A lo que resumió que “en el fondo, es pasar a una manera de gestionar patrimonio de manera efectiva, incorporando su noción económica como un factor de conservación que es clave, y no solamente como una visión restrictiva al cambio y al futuro”.
Una de las cosas que al hablar de patrimonio y su resguardo vienen casi de inmediato a la memoria, a nivel del centro penquista, es lo ocurrido con el Palacio Castellón, Hotel Ritz o Teatro de Concepción, del cual sólo se “conservó” uno de sus portales a un costado del Mall del Centro. Ejemplos en los que cabe preguntarse cuándo sí o cuándo no intervenir un bien patrimonial. “Una cosa es distinguir entre el patrimonio declarado y no declarado. Cuando el patrimonio no está declarado operan sólo los instrumentos de planificación urbana y muchas veces no hay una visión técnica adecuada que permita cautelar que esas intervenciones sean las correctas. La existencia de un órgano colegiado, como el Consejo de Monumentos, que no es solamente estatal sino también que tiene gremios, sociedad civil, academia, es poder entender que el patrimonio cultural requiere de visiones complejas y articuladas para operar sobre él y, por lo tanto, lo que hay que hacer es mejorar esas gestiones, pero no cuestionarlas en su ADN”, aclaró la autoridad cultural patrimonial.
Un punto para nada menor, y que le da más fuerza y peso al momento de plantear las modificaciones a la ley, es la reciente incorporación del Consejo de Monumentos Nacionales dentro de la cartera del Ministerio de las Culturas, las Artes y el patrimonio.
Una incorporación, que más allá del cambio a su normativa, le otorga una mayor comunicación y organización entre distintos organismos con labores similares. “Nosotros hasta la creación del ministerio, el mundo de las culturas, las artes y el patrimonio era un conglomerado de estructuras no siempre muy bien articuladas, por ejemplo, el Consejo de Monumentos muchas veces no dialogaba con otras dependencias del Estado que tenían materias análogas o cercanas, el patrimonio inmaterial estaba separado del material, ya que el inmaterial lo veía el Consejo de la Cultura y el material lo hacía la Dibam y el Consejo de Monumentos. Cosas así de absurdas sin poder entender que la cultura y el patrimonio se tienen que ver con visión integral, y además de la relevancia que le damos como Estado al mundo del patrimonio y la cultura”, sostuvo el subsecretario.