La normativa modifica la Ley N° 21.802, regula el gasto municipal destinado a inspectores de seguridad y busca entregar mayor flexibilidad a los municipios.
Lo que debes saber
• Alcaldes del Biobío valoran la aprobación de la ley corta de Seguridad Municipal, pero piden mayor claridad sobre las facultades y protocolos para los equipos comunales.
• La normativa fija un límite general del 5% de los ingresos propios municipales para contratar inspectores de seguridad, ampliable excepcionalmente hasta el 25% con autorización.
• La ley amplía en seis meses el plazo de implementación y otorga 12 meses para acreditar requisitos físicos y psicológicos de los funcionarios.
La aprobación en el Congreso de la ley corta de Seguridad Municipal abre una nueva etapa para la implementación de la normativa que busca fortalecer las capacidades de los municipios en prevención del delito y seguridad pública.
Desde el Biobío, el alcalde de Hualqui y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región, Ricardo Fuentes, valoró el avance, pero planteó la necesidad de contar con mayor claridad sobre las herramientas, facultades y protocolos que regirán el trabajo de los equipos municipales.
El jefe comunal sostuvo que el perfeccionamiento de la legislación responde a una demanda planteada reiteradamente por los municipios, que esperan disponer de mejores condiciones para desarrollar sus funciones en materia de seguridad, dentro de las atribuciones que establece la ley.
“Como alcaldes y alcaldesas del Biobío, valoramos que se avance en el perfeccionamiento de la Ley de Seguridad Municipal, porque responde a una necesidad que hemos planteado reiteradamente desde el mundo municipal. Esperamos que nos entregue mayores certezas respecto de las herramientas y facultades con que contarán nuestros equipos de seguridad, siempre dentro del marco legal”, señaló Fuentes.
Uno de los aspectos que preocupa a los municipios es la aplicación práctica de las nuevas disposiciones. Si bien la legislación busca facilitar la implementación de la Ley de Seguridad Municipal, Fuentes sostuvo que todavía es necesario contar con claridad respecto del reglamento y los protocolos operativos que permitirán ejercer adecuadamente las facultades contempladas.
En esa línea, destacó la importancia de que la normativa reconozca el rol de los gobiernos comunales en seguridad pública y responda a las particularidades de cada territorio.
“También esperamos que esta legislación recoja una demanda muy concreta: contar con mayor autonomía para desarrollar nuestras funciones, con herramientas efectivas, protocolos claros y capacitación estandarizada”, afirmó.
Fuentes agregó que el objetivo es que las modificaciones legales se traduzcan en mejores capacidades de respuesta frente a las necesidades de las comunidades y no generen dificultades durante su puesta en marcha.
“Lo fundamental es que considere las distintas realidades territoriales y, en ese sentido, como Asociación, esperamos que esta ley se traduzca en mejores capacidades de respuesta y, finalmente, en mayor seguridad para nuestras vecinas y vecinos”, indicó.
Entre los principales cambios que contempla la ley corta se encuentra la regulación del gasto municipal destinado a la contratación de inspectores de seguridad bajo el Código del Trabajo, de acuerdo a lo que se describe en publicaciones de medios de prensa y las redes sociales de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
La normativa establece un límite general equivalente al 5% de los ingresos propios percibidos por cada municipio durante el año anterior. Sin embargo, ese porcentaje podrá aumentar excepcionalmente hasta un 25%, previa autorización de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y con el visado de la Dirección de Presupuestos.
Otro de los cambios es la ampliación de los plazos para adecuarse a las nuevas disposiciones. Los municipios contarán con seis meses adicionales para implementar los ajustes que exige la ley, mientras que quienes actualmente desempeñan funciones de seguridad municipal dispondrán de 12 meses para acreditar los requisitos físicos y psicológicos correspondientes.
Estas modificaciones buscan facilitar la transición hacia el nuevo marco normativo y permitir que los municipios y sus equipos se ajusten a las exigencias establecidas.
Para Fuentes, el desafío estará en que el perfeccionamiento legal se acompañe de orientaciones claras para su aplicación, de manera que los equipos de seguridad puedan ejercer sus funciones con herramientas adecuadas, capacitación y procedimientos definidos.
Desde la Asociación de Municipalidades del Biobío, la expectativa es que la normativa considere las diferencias entre comunas y entregue certezas sobre las condiciones en que se desarrollará el trabajo de los inspectores, con el propósito de fortalecer la respuesta municipal ante las necesidades de seguridad de la población.