El ingreso de un nuevo proyecto al Senado reabre una discusión que toca de cerca a familias que enfrentan la infertilidad y que ven en esta técnica una posibilidad de cumplir con un deseo profundo.
Lo que debes saber
• El ingreso de un nuevo proyecto al Senado reabrió el debate sobre la gestación subrogada, frente a la falta de una regulación específica en Chile.
• Agrupaciones vinculadas a infertilidad y derechos reproductivos piden una discusión amplia en vez de optar por una prohibición.
• Desde la academia advierten riesgos jurídicos y para la integridad de las gestantes, y sostienen que prohibir la práctica sería más viable.
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Una vez más la gestación subrogada se transforma en parte de la discusión pública, dado el reciente ingreso al Senado del proyecto de ley que propone regular la gestación por subrogación altruista, una medida que alimenta las esperanzas de familias que pasan por el angustioso impedimento de la infertilidad.
Cabe mencionar que la gestación subrogada es un acuerdo donde una mujer gesta y da a luz a un bebé para otra persona o pareja que asumirá el cuidado personal del niño. Se realiza con un embrión a partir de material genético de los padres o donantes, dependiendo del sistema requerido.
Pese a que en Chile no hay datos actualizados —solo una guía de tratamiento del Ministerio de Salud de 2015 detallaba que la infertilidad afecta a cerca del 10 % – 15 % de la población—, actualmente el país no cuenta con una legislación al respecto.
Hay tres proyectos en tramitación relacionados con este procedimiento. Entre ellos está el ingresado al Senado el 15 de octubre de 2025, que busca regular la procreación asistida con transferencia embrionaria en una gestora subrogante, y el que ingresó el 13 de enero de 2025 a la Cámara de Diputadas y Diputados, que plantea prohibir y sancionar la maternidad subrogada, incluyendo la nulidad de estos contratos y sanciones para quienes intermedien, organicen o participen en estas prácticas.
Es decir, el debate legislativo enfrenta actualmente dos caminos: regular la subrogación de vientre bajo determinadas condiciones o prohibirla expresamente.
Al respecto, Javier Silva, presidente de la Asociación Nuevas Familias, organización nacional comprometida con la defensa de la gestación subrogada, señaló que “para nosotros que hoy existan proyectos en el Senado que busquen regular la gestación subrogada es una buena noticia”.
Sobre lo mismo, comentó que están conscientes de que es un tema complejo, que debe debatirse con el tiempo y la profundidad que merece. “Esta no es una discusión de blancos y negros; existen muchos matices que deben ser considerados”, acotó.
Sin embargo, en cuanto al proyecto que se tramita en la Cámara Baja y que propone la prohibición y criminalización de este tipo de gestación, expresó que “creemos que en esa discusión no se puede desconocer que esta es una realidad que ya existe y que hay familias chilenas que tenemos hijos gracias a esta técnica de reproducción asistida”.
Por eso, abogan por establecer reglas claras que entreguen protección y certeza jurídica a todas las personas involucradas, en lugar de mirar esta realidad desde una sola perspectiva.
“La regulación de la gestación por subrogación —a través de la articulación garantista de iniciativas— constituye un paso decisivo e impostergable hacia una sociedad más justa, inclusiva y apegada a la dignidad humana”, estableció.
Desde la perspectiva de Silva, al superar la inacción normativa y erradicar la clandestinidad, el Estado no solo saldaría una deuda histórica con la diversidad de familias y la autonomía reproductiva, sino que alinearía su ordenamiento interno con las exigencias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
“Los dos proyectos que se tramitan en el Senado tienen múltiples virtudes y aciertos, que si se fusionan permitirían elevar de manera sustantiva los estándares de protección del interés superior del niño”, estableció. Además, destacó que con estas propuestas se lograría resguardar a las mujeres gestantes.
En tanto, Fiorella Squadritto, fundadora de la Fundación Fënn —organización de activismo sobre la infertilidad y los derechos reproductivos en Chile—, criticó que “la existencia de proyectos que avanzan en direcciones tan distintas da cuenta de lo complejo que es este tema y de que todavía estamos lejos de tener un consenso respecto de cómo abordarlo como sociedad”.
Desde Fundación Fënn, que se dedica a acompañar a personas y familias que enfrentan la infertilidad, afirmó que “conocemos realidades que muchas veces quedan fuera de esta discusión. Hay mujeres que han debido someterse a una histerectomía producto de un cáncer, o que nacieron con síndrome de Rokitansky y, por lo tanto, sin útero. Para algunas de ellas, la gestación subrogada puede ser una alternativa para tener hijos, existiendo una hermana, amiga o familiar dispuesta a gestar por ellas”.
Tal como mencionaba Javier Silva, Squadritto indicó que una discusión de esta naturaleza requiere salir de posiciones binarias. “Entre prohibir o permitir. Es necesario analizar las distintas realidades, escuchar a quienes las viven y discutir qué resguardos se requieren para proteger a todas las personas involucradas”, dijo.
“Frente a un tema tan complejo, creemos que el primer paso debiera ser precisamente permitir una discusión seria, plural y basada en evidencia”, determinó la presidenta de la Fundación Fënn.
Diferente es la postura del Dr. Gonzalo Montory Barriga, director del Departamento de Derecho Privado de la UCSC, quien no considera urgente legislar específicamente sobre gestación subrogada ni estima que la baja natalidad sea un argumento suficiente para ello. A su juicio, existen otras vías para acceder a la parentalidad, como la adopción.
“Una cosa es la viabilidad política de un proyecto y otra distinta lo que jurídicamente resulte más aconsejable. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, creo que un proyecto que restrinja o prohíba la gestación subrogada es más fácil de implementar dentro del ordenamiento vigente que uno que la admita y regule”, estableció.
Desde una perspectiva jurídica, sostiene que sería más viable prohibir esta práctica que admitirla y regularla, debido a las dudas que genera sobre la disposición del cuerpo humano y los eventuales riesgos para la integridad física y psíquica de la mujer gestante, particularmente frente a una posible instrumentalización.
“Un acto o contrato que tenga por objeto el cuerpo humano o comprometa aspectos esenciales de la persona plantea serias dudas sobre su eficacia. Además, entra en tensión con garantías constitucionales fundamentales”, mencionó el abogado.