La región posee 652 otorgamientos constituidos y más de 1.000 en trámite. Su presencia sobre zonas urbanas y ecosistemas ha generado preocupación en el Gran Concepción, donde existen 461 de estas.
Lo que debes saber
• La presencia de concesiones mineras bajo zonas urbanas ha alimentado diversas dudas sobre real significancia.
• El catastro regional muestra una alta concentración de derechos mineros en trámite, mientras las concesiones constituidas representan una parte menor del universo registrado.
• Bajo viviendas, la exploración requiere autorización del propietario; otras obras pueden involucrar servidumbres mineras, con acuerdos o resoluciones judiciales.
Te invitamos a leer la nota completa más abajo para conocer los detalles.
La existencia de concesiones mineras en distintos puntos del Gran Concepción se ha posicionado con fuerza en la discusión pública reciente, particularmente por la aparición de derechos mineros en sectores densamente poblados y ambientalmente sensibles. Un debate, pero también rodeada de mitos sobre su alcance real.
Citando un ejemplo, está la concesión de explotación minera de 50 hectáreas registrada bajo el humedal urbano Rocuant-Andalién, que es cierto, cuando menos resulta llamativa, pues se extiende sobre un ecosistema estrechamente vinculado con las dinámicas hídricas subterráneas.
Otra parte del debate surge por versiones de prensa local que ya han dado cuenta de derechos mineros bajo sectores densamente poblados del centro penquista, incluyendo áreas próximas a Plaza Perú, los Tribunales de Justicia y el Mercado Central.
En tanto, convocatorias ciudadanas desde el sector cuenca de Nonguén que han llegado a Diario Concepción, han puesto el foco en la extensión de las concesiones y en lo que eventualmente podría significar sobre el interés vecinal.
Por si fuera poco, el contexto político y económico también ha contribuido a que los ojos se vuelquen sobre la materia. Es innegable hoy que el Biobío atraviesa un creciente interés por la actividad minera, con el proyecto de tierras raras de Aclara en Penco como uno de los principales focos de controversia.
Este escenario se refuerza con la agenda política reciente, donde el propio Presidente José Antonio Kast, ha defendido políticamente la proyección minera en la zona, desde sus cuestionamientos a la presencia del naranjillo durante la discusión del proyecto de Penco hasta su reciente llamado, en Impulsa Biobío 2026, a recuperar la inversión sobre extracción mineral en la región.
Pero una cosa es la existencia de un derecho minero, y otra distinta es asumir que cada polígono del catastro corresponde a un intento extractivista, a una faena en funcionamiento o a un proyecto a punto de comenzar.
Para comenzar a despejar hay que partir por lo básico. La legislación chilena establece que puede ser de exploración o de explotación, y distingue que se trata de un derecho real e inmueble, distinto e independiente del dominio que exista sobre el terreno superficial.
Es decir, que una persona o empresa sea propietaria de un terreno no impide que sobre ese mismo espacio pueda existir, jurídicamente, un derecho minero perteneciente a otro titular.
La primera diferencia importante está en el tipo de concesión. La de exploración permite a su titular realizar labores destinadas a determinar si existen o no recursos, además de entregarle preferencia para avanzar hacia una eventual concesión de explotación. Este es el caso de dos famosas concesiones que están debajo del casco histórico de Concepción o del proyecto de tierras raras en Penco.
La de explotación, en cambio, otorga el derecho exclusivo a explorar y explotar las minas comprendidas dentro de sus límites y a hacerse dueño de las sustancias minerales concesibles que extraiga.
Pero incluso esta última no equivale a una mina proyectada. Gabriela Miño, directora regional de Sernageomin Biobío, explicó a Diario Concepción que la concesión constituye “el primer paso y requisito esencial”, pero que su sola existencia no puede vincularse a la vigencia de un proyecto minero. La actividad efectiva, agregó, requiere revisar otros antecedentes y autorizaciones sectoriales.
Según Sernageomin, para determinar si existen trabajos de exploración, una faena o un proyecto en proceso de materialización, es necesario revisar otros registros del Servicio, como el Sistema de Información Geológica de Exploración (SIGEX) y los antecedentes de declaraciones, proyectos y autorizaciones sectoriales asociados a la explotación.
Aquí aparece una de las particularidades del sistema chileno. Como ya se dijo, la concesión constituye un derecho paralelo del dominio superficial, pero su ejercicio está sujeto a estrictas limitaciones destinadas a proteger al propietario del suelo.
La Ley N° 18.097 Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras establece que las facultades de catar y cavar deben ejercerse conforme al Código de Minería y, tratándose de viviendas, y solo el dueño superficial puede autorizar labores de exploración.
Sernageomin es categórico en este punto. Según Miño, “tratándose de sectores residenciales la ley es clara, solo el propietario puede dar la autorización para realizar trabajos de exploración en el subsuelo de su vivienda, y si él lo negare, la justicia no puede suplir ese consentimiento”.
Eso sí, la situación es distinta respecto de otras intervenciones necesarias para una eventual actividad minera. La ley contempla las llamadas “servidumbres mineras”, que permiten usar terrenos superficiales para caminos, instalaciones y túneles. Su constitución y las indemnizaciones asociadas pueden establecerse por acuerdo entre las partes o mediante resolución judicial.
Vista aérea de Concepción / Foto: Archivo.
Aquí conviene precisar, pues hay otro elemento que ayuda a entender por qué el mapa puede resultar engañoso. La titularidad de una concesión tampoco permite saber por sí sola qué pretende hacer su propietario.
Así lo planteó recientemente el seremi de Minería del Biobío, Daniel Escobar, quien señaló que estos derechos pueden solicitarse “por motivos de especulación o por oponerse a otro tipo de proyectos”. Entre estos últimos suelen encontrarse proyectos inmobiliarios que requieren disponer del subsuelo inmediato.
El catastro de concesiones mineras de Sernageomin, actualizado al 26 de agosto de 2026, registra 1.890 concesiones en la Región del Biobío, cuya superficie declarada acumulada supera las 423 mil hectáreas. De ese universo, 1.231 corresponden a exploración y 659 a explotación, representando el 65,1 % y el 34,9 %, respectivamente.
Vale decir que las cifras corresponden a la suma de las superficies consignadas para cada concesión y no equivalen necesariamente a hectáreas de territorio físico único, debido a que los derechos pueden superponerse.
Desagregando las de exploración, estas suman 309.300 hectáreas, equivalentes al 73 % de la superficie acumulada de los registros, mientras que las de explotación alcanzan 114.513 hectáreas, el 27 % restante.
Del total regional, 652 concesiones están constituidas y 1.238 en trámite. En exploración, la relación es de 313 y 918, mientras que en explotación alcanza 339 y 320. Con ello, el 65,5 % corresponde a solicitudes todavía en trámite, mientras que el 34,5 % ya se encuentra constituido.
El desglose territorial muestra que la Provincia de Biobío concentra 1.038 registros, o sea, el 54,9 % del regional, mientras que la Provincia de Arauco reúne 293, el 15,5 %. La Provincia de Concepción, por su parte, contabiliza 559.
Al aislar las 11 comunas que integran el Área Metropolitana del Gran Concepción, aparecen 461 concesiones, equivalentes al 24,4 % de todas las registradas en la Región. De ellas, 330 son de exploración (71,6 %) y 131 de explotación (28,4%).
Por último, el visor de Sernageomin registra 12 concesiones de explotación dentro del régimen del Código de Minería de 1932, anterior al de 1983, este permitía superposición de pertenencias que el actual Código buscó impedir hacia el futuro. De estas 12 concesiones, 10 se encuentran en el Gran Concepción.