Se trata del pago de derechos sobre 50 hectáreas en el cuerpo de agua adjunto a la Ruta Interportuaria. Desde la seremi de Minería descartan un proyecto extractivista en ejecución.
Lo que debes saber
• El hallazgo de una concesión minera de 50 hectáreas en el humedal urbano Rocuant-Andalién encendió las alarmas en la zona, pese a que Sernageomin descartó la existencia de un proyecto extractivista.
• Frente a esto, el municipio de Talcahuano calificó la protección del ecosistema como “intransable” y reforzó su equipo jurídico para defender el lugar ante el Tribunal Ambiental.
• La controversia toma especial relevancia tras los recientes dichos del Presidente José Antonio Kast, quien cuestionó la extensión del área protegida durante su visita a la Región del Biobío.
Te invitamos a leer la nota completa más abajo para conocer los detalles.
Pese a que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) descartó la existencia de un proyecto extractivista, el hallazgo de una concesión minera de 50 hectáreas en pleno humedal urbano Rocuant-Andalién, ubicado junto a la Ruta Interportuaria, encendió las alarmas en el Gran Concepción.
Mientras el municipio de Talcahuano refuerza su defensa legal para proteger el ecosistema, académicos y organizaciones ambientales advierten sobre graves riesgos ecológicos y la vulnerabilidad del territorio ante la legislación que regula el subsuelo.
Según el visor del Sernageomin, en pleno humedal urbano Rocuant-Andalién existe una concesión minera de ‘explotación’. Vale mencionar que una concesión de este tipo es un derecho real e inmueble que otorga el Código de Minería para extraer minerales y hacerse dueño de ellos en un área determinada.
Captura de pantalla de Visor de Sernageomin | En azul se puede observar el detalle del área de la concesión.
En particular, estos derechos sobre el humedal han sido pagados ininterrumpidamente desde hace más de siete años por la empresa Forestales Regionales S.A.
Según pudo conocer Diario Concepción con una fuente cercana a la firma forestal, esta ya se habría disuelto. De hecho, el último pago del derecho concesionario de explotación se realizó en marzo de 2025 por una suma superior a los $1.360.680.
El área que abarca esta compra de derechos es de 50 hectáreas, y la firma antes mencionada comenzó a realizar los pagos correspondientes en 2018.
Captura de pantalla del Visor de Pagos de Sernageomin | En ella se pueden apreciar los montos que la empresa ha realizado desde 2018 en adelante.
Sobre este escenario, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, indicó que “nuestra posición en el humedal Rocuant-Andalién es intransable”. Afirmó que, pese a cualquier actividad que se busque instalar en el sector, desde el trabajo municipal “vamos a seguir trabajando para resguardar este lugar, no solamente en términos medioambientales, sino que también para proteger a quienes vivimos en esta gran cuenca, que es Concepción, Hualpén, Talcahuano”. “Nuestra ciudad recibe las aguas lluvias de estas comunas. Hay que mirar lo que sucedió hace pocos días con los sistemas frontales y cuánto sirvió el humedal para proteger a la vivienda aledaña a este lugar y a este entorno”, indicó.
Imágenes aéreas del humedal urbano Rocuant Andalién | Julio de 2026, en pleno sistema frontal | Fotografía: Cedida
En ese contexto, desde la Municipalidad de Talcahuano se indicó que se incorporó al equipo de asesoría jurídica el abogado Fernando Cortés, especialista en derecho ambiental y regulatorio. Este representará al municipio chorero ante las reclamaciones presentadas contra la declaratoria de humedal urbano del Rocuant-Andalién, realizada por el Ministerio del Medio Ambiente en marzo pasado y que ha sido impugnada ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.
Patricio Ortiz, ornitólogo y presidente de la Fundación Bandada, señaló que esta concesión genera preocupación, ya que “introduce un potencial conflicto entre un derecho minero y la necesidad de conservar un ecosistema de alto valor ambiental, reconocido precisamente por sus funciones ecológicas, hidrológicas y por albergar una importante biodiversidad”.
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Ante la eventual ejecución de un proyecto extractivista, el experto advirtió impactos significativos, tales como la “alteración de los suelos y de la vegetación del humedal, modificaciones en el régimen hidrológico, fragmentación de hábitats, perturbación de la fauna silvestre, especialmente de aves acuáticas y aves playeras”.
“En un contexto de cambio climático y pérdida de biodiversidad, resulta fundamental que las decisiones sobre el territorio prioricen la conservación de estos ecosistemas por sobre actividades que puedan comprometer su integridad ecológica“, sentenció.
En conversación con el sociólogo Bernardo Castro, académico del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdeC, este advirtió que la legislación nacional respecto al subsuelo es “muy pobre”, lo que representa un gran peligro para las áreas habitadas y sitios con alto valor ecosistémico.
“Hay que preocuparse porque este tema de las tierras raras y de concesiones mineras de pronto tú no sabes cuál es el límite (…) y obviamente eso pondría en peligro la construcción del edificio, la construcción de la población o etcétera”, alertó.
Consultado sobre la reciente normativa que flexibiliza la regulación minera a raíz de la catástrofe climática en el norte, Castro precisó que esto “pudiera ser un problema en otras regiones si se aplica sin este contexto de catástrofe social”. Ante este escenario y el historial carbonífero local, el académico instó a las autoridades comunales y a los vecinos a organizarse frente a nuevos proyectos.
Vale mencionar que en el Sernageomin conocen en detalle cada concesión minera de la zona, y el seremi de la región, Daniel Escobar, explicó que “oficialmente, no existe en el Sernageomin ningún proyecto minero asociado a esas concesiones”.
Pese a que el visor del catastro de la entidad señala que se trata de una concesión de “explotación” con patentes pagadas, la autoridad insistió en que corresponde a un permiso de ‘exploración’. Sobre este punto, Escobar argumentó que, al ser fáciles de obtener y otorgar un derecho real, hay casos en que se solicitan “por motivos de especulación o por oponerse a otro tipo de proyectos”.
En esa misma línea, el seremi descartó tajantemente cualquier tipo de avance minero extractivista en el humedal, asegurando que “no existen proyectos mineros en esa zona. Ni tampoco en desarrollo, ni en estudio, ni en análisis”.
Finalmente, la autoridad regional llamó a la calma ante las preocupaciones de la comunidad respecto al futuro del Rocuant-Andalién, enfatizando que muchas veces los temores de la ciudadanía “son fantasmas que no existen”, recalcando además que el titular de la concesión “no es una minera, es una forestal”.
Esto toma especial relevancia luego de los dichos sobre el Rocuant-Andalién por parte del Presidente, José Antonio Kast, en su reciente visita a la Región del Biobío y su postura frente al reservorio de agua.
Vale recordar que durante su visita a Talcahuano y su discurso en el encuentro empresarial Impulsa 2026 (organizado por la CPC Biobío), el Mandatario habló de la relación entre humedales y proyectos históricos de la zona, comentando: “¿Vamos a tener un humedal de 1.500 hectáreas que nadie usa? O vamos a tener un buen humedal que podamos conocer de 500 hectáreas. ¿Cómo vamos a mejorar la Ruta Interportuaria?“.
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Ante los dichos del Jefe de Estado, de forma inmediata, desde la Red de Humedales del Biobío (Fundación Bandada y Agrupación Comunitaria y Ecológica Playa Isla de los Reyes Rocuant) indicaron que “estamos contra la idea de que las soluciones pensadas hace medio siglo sean las únicas alternativas para el Biobío del futuro”.
Criticaron priorizar infraestructura por sobre estos ecosistemas, advirtiendo que “hablar de un humedal como un territorio que ‘nadie usa’ desconoce completamente su importancia” y su rol protector ante inundaciones, exigiendo una planificación acorde a la crisis climática.